Писмени обяснения на вот - 8-ми парламентарен мандат Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Votamos a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios, tal y como ha sido propuesta por la Comisión JURI. Entendemos que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

Votamos a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis, tal y como ha sido propuesta por la Comisión JURI. Entendemos que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

Votamos a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos, tal y como ha sido propuesta por la Comisión JURI. Entendemos que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

La UE tiene una lista de terceros países cuya ciudadanía no están obligada a poseer un visado al cruzar las fronteras de la UE para permanecer durante un máximo de 90 días en un periodo de 180 días. Por reciprocidad, la ciudadanía de la UE debe tener las mismas condiciones cuando viajan a esos terceros países. En preparación del Brexit , la Comisión presentó una propuesta por la cual el Reino Unido se agregará a esta lista para garantizar que no se requiere visado para la ciudadanía del Reino Unido y de la UE cuando viajan. A pesar de que el informe aprobado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior apenas sufrió modificaciones y siguió la línea marcada por la Comisión, en las negociaciones con el Consejo hubo importantes dificultades por su posición inflexible respecto a la inclusión del término «colonia» para Gibraltar, a petición del Gobierno español. Anteponer gestos simbólicos como este, vendido como una gran victoria por la derecha y el Gobierno, a las condiciones de vida y los derechos de las personas no es nuestro juego. Para evitar un perjuicio mayor a millones de personas hemos votado a favor.

En febrero de 2019, la Comisión Europea adoptó su propuesta de Decisión del Consejo sobre orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. Con esta votación se sugiere mantener las orientaciones de empleo de 2018 sin enmiendas, en un procedimiento simplificado. Sin embargo, ya el informe adoptado en 2018, cuando analizamos las orientaciones, era una buena lista de deseos e incluía algunos puntos en los que podríamos estar de acuerdo, pero el pensamiento económico habitual, que socava todos esos buenos deseos, sigue ahí, manteniendo un fuerte énfasis en las reformas estructurales y la competitividad, como reformas en sistemas de pensiones con subida de la edad de jubilación, rebajas fiscales sobre el trabajo. Por lo tanto, a pesar de toda la colección de orientaciones y el espíritu constructivo de estas, el marco general limita los objetivos de austeridad favorecidos por el Semestre Europeo. Esto conduce a directrices sin coherencia, cuyo único propósito es decirle al Consejo y a la Comisión que deben escuchar al Parlamento, pero sin un mensaje claro. Por esas razones, tanto por el contenido como por la estructura incluida en las herramientas de control del Semestre Europeo, votamos en contra.

Hemos votado a favor. Durante este período, la Comisión de Peticiones ha recibido más de 60 peticiones que expresan inquietudes sobre la gestión de residuos en la UE (en particular de Bélgica, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia, España y el Reino Unido). Los ciudadanos han denunciado que las prácticas inapropiadas de manejo de desechos llevan a un impacto ambiental severo en términos de contaminación del suelo, agua y aire. También han señalado que los vertederos y los incineradores han sido autorizados y operados cerca de los sitios residenciales y agrícolas, y en áreas donde las condiciones geológicas e hidrogeológicas no han sido tomadas debidamente en cuenta por las autoridades competentes de los Estados miembros y representan una amenaza directa a la salud pública. Es una fuerte evidencia de la necesidad de mejorar significativamente la implementación de la Directiva marco sobre residuos y el resto de la legislación de la UE relacionada con las medidas de prevención y tratamiento de residuos.

Hemos votado a favor porque esta reforma permite acabar con las empresas-buzón y, por lo tanto, con la mayor parte de las operaciones fraudulentas de dumping social y laboral en el mercado del transporte por carretera, sin por ello expulsar de una tacada a las industrias de los países periféricos del mercado del transporte y permitirles adaptarse al nuevo equilibrio más respetuoso con los derechos laborales y sociales de los conductores de camión y autobús y con una competencia no distorsionada por la competencia desleal.

Hemos votado a favor, porque la reforma introduce novedades muy importantes en los derechos de los conductores de camión y autobús ―prohibición del descanso semanal en cabina, periodo de referencia del cálculo de las jornadas mantenido en 2 semanas en vez de en 4―, e introduce por fin de manera obligatoria el tacógrafo digital inteligente de aquí a 2024, lo cual garantizará una reducción casi total de las operaciones fraudulentas y permitirá un control fidedigno e incontrovertible de la prestación de servicios y del trabajo real de los conductores.

Hemos votado a favor, porque restringe ―sin por ello prohibir― las operaciones de cabotaje terrestre a un periodo de 3 días tras la operación de transporte internacional. Ello permite que los camiones y autobuses no regresen a su base vacíos, con el consiguiente aumento de la eficiencia energética, y a la vez evita incentivar la creación de empresas-buzón consagradas al dumping social, laboral y fiscal. Además, esta reforma exige que el vehículo implicado en una operación de transporte internacional y de cabotaje deba regresar al Estado miembro de establecimiento de la empresa transportista a efectuar una operación de carga o descarga al menos cada 4 semanas.

Nos abstenemos en la votación sobre la propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural porque consideramos que el enfoque escogido no es el adecuado. No cuestiona para nada el desarrollo del gas natural cuando es un combustible fósil que tiene impactos muy nocivos sobre el clima. Otorga más poderes a la Comisión (y por tanto menos control democrático) para monitorear los contratos entre Estados miembros y países terceros, pero si deja construir el gigantesco gasoducto North Stream 2 que aumentará la dependencia de Rusia.

Hemos votado a favor del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca que puede usarse para promover la conservación marina y aliviar las dificultades, la marginación y la falta de inversión que muchas comunidades costeras y pequeños pescadores soportan. En este contexto, apoyamos también la ayuda para estas comunidades pesqueras aisladas.

Hemos votado en contra dado que una propuesta de este calado sobre las posibilidades de pesca de una buena parte de nuestra flota en la costa mediterránea y su derivada sobre el impacto socioeconómico en nuestras comunidades costeras no puede ser impuesto sin un alto grado de consensos con el sector. A su vez, entendemos que se está cargando todo el peso de la reducción de la masa biológica sobre el sector de la pesca, sin analizar el impacto que sobre las poblaciones tienen tanto la contaminación, vertidos, cambio climático u otras variables medioambientales; entendemos que se está exonerando a otros actores responsables de la situación actual, depositando toda la responsabilidad en la parte más débil de la cadena.

La propuesta de la Comisión busca armonizar las características mínimas de seguridad de las tarjetas de identificación emitidas por los Estados miembros para su ciudadanía y de los documentos de residencia que se emiten a la ciudadanía de la UE y a los miembros de sus familias de terceros países. Aunque el texto, a su paso por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, mejoró algo respecto a la propuesta inicial de la Comisión en lo que se refiere a las salvaguardias relacionadas con los derechos fundamentales, el resultado final no fue satisfactorio. Por ejemplo, no solo se impuso la obligatoriedad de la toma de huellas dactilares, si no que se abrió la puerta a su uso para otros fines distintos al de las tarjetas de identificación. Por motivos relacionados con los principios de necesidad y proporcionalidad, y con unas características de seguridad alternativas eficientes, los Estados miembros pueden no necesitar tomar las impresiones dactilares de su ciudadanía, por lo que la recogida y el almacenamiento de estos datos biométricos deben ser opcionales y no obligatorios. Dada esta falta de garantías en el uso de datos personales confidenciales, hemos votado en contra.

Votamos a favor, porque con este informe se apoya la extensión del ámbito de aplicación de la Directiva sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias más allá de la RTE-T (red transeuropea de transporte) incluso a puentes y túneles, dentro de la estrategia hacia una movilidad limpia, segura, automatizada y conectada. Supone, además, que las inspecciones de seguridad en carretera cubran áreas de aparcamiento, así como la integración de medios electrónicos y digitales entre las herramientas de control y evaluación. Esta norma sugiere que la Comisión Europea establezca estándares europeos comunes para las marcas y la señalética viaria de aquí a 2020, así como guías metodológicas para las inspecciones y evaluaciones de la seguridad de las infraestructuras de carretera. Por otro lado, esta norma revisada posibilitará que los usuarios de la carretera informen ―si así lo desean― acerca de sus preocupaciones sobre la seguridad de las infraestructuras de carretera para así identificar con más facilidad los potenciales puntos peligrosos para la seguridad de los viajeros por carretera. Con esta norma, será obligatorio tener en cuenta a los peatones, a los ciclistas y a otros usuarios vulnerables de la carretera a la hora de gestionar la seguridad de las mismas.

Hemos votado en contra de este informe, por el que se regulan los productos paneuropeos de pensiones individuales, que se presenta por parte de las instituciones europeos como una alternativa deseable a los sistemas públicos de pensiones, que a su vez se pintan como insostenibles. Los PEPP son ofertados por entidades privadas, su ventaja siendo su transferibilidad entre países de la UE. Su diseño está destinado además a integrarlos en el mercado único de capitales, que se está promoviendo desde la Comisión como alternativa a los bancos para proveer de financiación a las empresas. Nos oponemos por completo a este modelo, que se ha demostrado conducente a inestabilidad y crisis financieras, y aún más a que se incluyan las pensiones en este esquema.

Hemos votado a favor de la Directiva de conciliación entre la vida personal y laboral de progenitores y cuidadores, pese a que consideramos que nuestras enmiendas mejoraban el texto y habrían blindado una alta remuneración e intransferibilidad, (que consideramos consustancial de una política de igualdad y conciliación). No podemos votar en contra de un texto que significa un avance para mejorar la situación. Esta Directiva busca el establecimiento de unos estándares mínimos, introduce un permiso de paternidad de diez días laborables, dos meses para cada progenitor de permiso parental intransferible y cinco días por año para el cuidado de familiares enfermos o dependientes. Desde Podemos hemos defendido unos permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y totalmente remunerados. Pese a que no hemos logrado una total transferibilidad ni remuneración elevada con este texto, la cláusula pasarela y la de no regresión permite que aquellos Estados que quieran puedan seguir avanzando en mejoras siempre y cuando se cumplan estos estándares. Es por eso un avance para muchos países (6 Estados miembros donde todavía no existe el permiso por paternidad y 7 en los que existe, pero de una duración menor a los diez días estipulados) y para otros una consolidación de derechos.

Tras su primera lectura en enero, que daba un mandato a las comisiones para negociar, y tras no producirse el proceso de negociaciones tripartitas, se pide al Pleno del Parlamento adoptar el texto sobre el mismo texto. Votamos en contra, en tanto que, aparte de exigir sanciones a países que incumplen preceptos de la legislación de la UE, pensando en algunos países de la Europa oriental, y por razones bien fundadas, también se solicita aplicar sanciones para países que no respeten el funcionamiento apropiado de la economía de mercado en sus países. En caso de que se produjera un Gobierno progresista que cuestionase su esquema, como sería nuestro caso, tendría un efecto boomerang .

Hemos votado a favor, porque el resultado de las negociaciones es mucho mejor que la propuesta de la Comisión.
El FSE + es «el» fondo más importante en el área de políticas sociales y de empleo. Muchos programas ayudan a los trabajadores que son despedidos o están bajo la amenaza de perder el trabajo como resultado de cambios estructurales y técnicos, reubicación y, por último, pero no menos importante, debido a la crisis financiera y económica. Los programas de formación profesional básica y reciclaje se suelen financiar a través del FSE y también medidas para luchar contra la exclusión social y el apoyo a los más necesitados. Como aspectos positivos tiene:
• 27 % de la FSE + (gestión compartida) para la inclusión social.
• 3 % para pobreza (anteriormente FEAD) además del 27 % por inclusión social.
• Los Estados miembros deben utilizar al menos el 5 % de sus recursos (gestión compartida) para la garantía infantil europea.
• Igual acceso a servicios gratuitos de salud, educación, cuidados, vivienda adecuada y nutrición.
• Todos los Estados miembros utilizarán al menos el 3 % de sus recursos (gestión compartida) para luchar contra el desempleo juvenil, para la capacitación y para la transición de la escuela al trabajo.

Hemos votado a favor de este informe, de carácter técnico y que ha sido aprobado por procedimiento acelerado. Con él se clarifican las reglamentaciones a las que se someten los productos sujetos a impuesto especiales (principalmente bebidas alcohólicas).

Votamos a favor de la propuesta de Directiva sobre reutilización de la información del sector público porque reconoce el valor de la información producida por entidades públicas (datos meteorológicos, mapas digitales, estadísticas, etc.) para el público y las empresas privadas, pero al mismo tiempo, protege a las empresas públicas e introduce excepciones en caso de informaciones sensibles sobre las infraestructuras, por ejemplo.