Los socialistas hemos apoyado este acuerdo con el que damos un gran paso en favor de la transparencia, en defensa del interés público y también del Derecho de la Unión. Con la entrada en vigor de esta Directiva, la Unión no sólo garantiza un nivel elevado de protección de los denunciantes al establecer cauces seguros para poder denunciar infracciones y al resguardarles de las represalias, sino que refuerza su compromiso en favor de la ética en los negocios y en la actividad pública.
En concreto, la Directiva contempla un ámbito de aplicación personal abarcando la gama más amplia posible de categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo trabajadores (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc. La nueva legislación contempla también la protección de los denunciantes como fuentes periodísticas, algo crucial para salvaguardar el papel de «guardián» del periodismo de investigación en las sociedades democráticas. Finalmente, el acuerdo contempla obligaciones de información y apoyo, incluido el apoyo psicológico y financiero, para los denunciantes, que a menudo se encuentran muy aislados por denunciar un comportamiento ilegal.