8th parliamentary term Ángela VALLINA

En 2015, la Presidencia luxemburguesa presentó planes para un mecanismo transfronterizo de la UE, ya que numerosos obstáculos continúan obstaculizando la cooperación transfronteriza para fortalecer la conectividad.
Algunos ejemplos de superación de obstáculos legales y administrativos en un contexto transfronterizo son la conexión del tranvía de Estrasburgo-Kehl, ya que el ferrocarril tiene diferentes aspectos legales en los respectivos países o en la situación de un incendio en una región transfronteriza y la ambulancia / bomberos de un Estado miembro ayudan al Estado miembro vecino.
Este mecanismo me parece necesario y las propuestas útiles para superar los obstáculos. Por ese motivo he votado a favor.

Este proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia, con el pretexto de intensificar la cooperación judicial en la lucha contra las formas graves de delincuencia, prevé disposiciones en materia de cooperación operativa, tales como el desplazamiento por Georgia de un agente de enlace con Eurojust y el intercambio de información, incluidos los datos personales.
Se centra en estructurar y reforzar entidades como Eurojust, que escapan al control democrático y jurisdiccional, superando las garantías en cuanto a los derechos y libertades previstas en los marcos legislativo y constitucional nacionales.
Entre otras cosas, estas iniciativas se inscriben en una deriva securitaria basada en mecanismos de control supranacional, que comprometen cada vez más derechos, libertades y garantías fundamentales.
Bajo la excusa de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, esta propuesta se inscribe en el marco de la injerencia de este proceso de integración capitalista europeo, en los sistemas político, económico y judicial, así como en materia de política exterior y de seguridad. Por todo ello he votado en contra.

El Reglamento propuesto cubre la cooperación entre Estados miembros en materia de alta tecnología sanitaria, sentando las bases para una cooperación sostenible a nivel de la UE.
A pesar de que la idea no es negativa, el Reglamento no contempla, en ningún caso, el uso público de esta tecnología como prioritario. El informe, así como la propuesta de Reglamento, tienen un enfoque demasiado orientado al mercado, en un sector, como el sanitario, donde la máxima de obtener beneficio no debiera ser el pilar fundamental. Por ello me ha abstenido en la votación.