Written explanations of vote - 8th parliamentary term Ángela VALLINA

En 2015, la Presidencia luxemburguesa presentó planes para un mecanismo transfronterizo de la UE, ya que numerosos obstáculos continúan obstaculizando la cooperación transfronteriza para fortalecer la conectividad.
Algunos ejemplos de superación de obstáculos legales y administrativos en un contexto transfronterizo son la conexión del tranvía de Estrasburgo-Kehl, ya que el ferrocarril tiene diferentes aspectos legales en los respectivos países o en la situación de un incendio en una región transfronteriza y la ambulancia / bomberos de un Estado miembro ayudan al Estado miembro vecino.
Este mecanismo me parece necesario y las propuestas útiles para superar los obstáculos. Por ese motivo he votado a favor.

Este proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia, con el pretexto de intensificar la cooperación judicial en la lucha contra las formas graves de delincuencia, prevé disposiciones en materia de cooperación operativa, tales como el desplazamiento por Georgia de un agente de enlace con Eurojust y el intercambio de información, incluidos los datos personales.
Se centra en estructurar y reforzar entidades como Eurojust, que escapan al control democrático y jurisdiccional, superando las garantías en cuanto a los derechos y libertades previstas en los marcos legislativo y constitucional nacionales.
Entre otras cosas, estas iniciativas se inscriben en una deriva securitaria basada en mecanismos de control supranacional, que comprometen cada vez más derechos, libertades y garantías fundamentales.
Bajo la excusa de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, esta propuesta se inscribe en el marco de la injerencia de este proceso de integración capitalista europeo, en los sistemas político, económico y judicial, así como en materia de política exterior y de seguridad. Por todo ello he votado en contra.

El Reglamento propuesto cubre la cooperación entre Estados miembros en materia de alta tecnología sanitaria, sentando las bases para una cooperación sostenible a nivel de la UE.
A pesar de que la idea no es negativa, el Reglamento no contempla, en ningún caso, el uso público de esta tecnología como prioritario. El informe, así como la propuesta de Reglamento, tienen un enfoque demasiado orientado al mercado, en un sector, como el sanitario, donde la máxima de obtener beneficio no debiera ser el pilar fundamental. Por ello me ha abstenido en la votación.

El objetivo del mecanismo es proteger sectores estratégicos e infraestructuras, potencialmente sensibles para la seguridad y el orden público. Está claro que la principal preocupación detrás de la creación de este instrumento es el creciente número de empresas europeas compradas por empresas estatales o privadas chinas en los últimos años.
En principio, no estamos en contra de la posibilidad de examinar la IED, defender sectores estratégicos, tecnologías sensibles e infraestructuras. Sin embargo, en nuestra opinión, lo que puede evitar que esto suceda debería ser un enfoque diferente del control público sobre estos sectores, que el simple hecho de contar con un mecanismo de selección de la UE y una revisión de la política de ayuda estatal de la UE. Por lo tanto, la UE debería poner en tela de juicio las políticas de austeridad y neoliberales que han creado las condiciones que han llevado a estas inversiones. Por todo ello me he abstenido en la votación.

Este informe, de carácter meramente técnico, supone la cooperación entre los Estados miembros a la hora de compartir información para asegurar el pago de los cánones de carreteras en toda la Unión Europea. Si bien no todos los Estados miembros tienen aún este sistema implantado, la intención de esta Directiva es que el intercambio de información de números de matrícula y usuarios se haga en consonancia con el Reglamento general de protección de datos, asegurando así un tratamiento correcto de los datos de los usuarios mientras se persigue el pago de multas e infracciones. Es por ello que hemos votado a favor del informe.

El principio de reconocimiento mutuo se aplica a productos no armonizados y debe garantizar que un producto que se comercializa legalmente en un Estado miembro también puede venderse en cualquier otro Estado miembro. Pero hay excepciones donde las autoridades nacionales tienen el derecho de rechazar la venta de un producto. Estas negativas deben basarse en la moral pública, la política pública o la seguridad pública. Este informe promueve el objetivo de mejorar el reconocimiento mutuo de los bienes con medidas como aclarar algunos procedimientos para el reconocimiento mutuo, facilitar la cooperación transfronteriza entre las autoridades de los Estados miembros o crear un grupo de coordinación compuesto por representantes de las autoridades competentes de los Estados miembros. Por todo esto hemos votado a favor.

La propuesta que se nos presenta establece normas sobre cargos por conversión de moneda relacionados con transacciones con tarjeta y cargos por conversión de moneda relacionados con transferencias de crédito.
En mi opinión, y pese a compartir la mejora de la transparencia en los cargos por conversión, me he abstenido en la votación, principalmente porque no hay umbrales específicos para los cargos en pagos transfronterizos y en los cargos por conversión de moneda.

Hemos votado en contra de este informe por varias razones, pero la principal es que el objetivo real del texto es la liberalización del sector. No podemos permitir que desde la Unión europea se orquesten una y otra vez las condiciones para que sectores específicos, como es en este caso el sector del transporte, puedan pasar a manos privadas, donde no solo se ponen en riesgo las condiciones de los trabajadores, sino que no se asegura un servicio de calidad para los consumidores. La defensa del transporte público es fundamental para nosotros y este Reglamento es un ataque frontal. Si bien para el caso del sistema concesional español hay una serie de enmiendas que lo protegen, no podemos olvidar que esta normativa va a resultar en mayor dumping social y disminución de los derechos de los trabajadores, lo que sin duda va a repercutir también en la seguridad vial.

Se trata de un ajuste de datos relacionados con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que afecta, en este caso, a los compromisos alcanzados en el acuerdo de 2018 sobre energías renovables. Se trata por tanto de una actualización de un informe que, en su momento, no votamos favorablemente por su escasa ambición. Por esa razón me he abstenido en la votación final.

El derecho a la protesta pacífica se encuentra en grave riesgo dentro de la Unión, y hemos visto casos de violencia policial inaceptable en diferentes Estados comunitarios que han generado una importante alarma social. Por ello, consideramos muy importante que el Parlamento Europeo decidiera aprobar una propuesta de Resolución común sobre esta cuestión, condenando que los Gobiernos utilicen a los cuerpos de seguridad para la represión de un derecho. Sin embargo, no se incorporaron al texto algunas de nuestras aportaciones más importantes como la prohibición de determinadas armas de represión que ya han causado víctimas, incluso mortales en la UE. Por ello, creemos que el texto se queda en una mera declaración de buenas intenciones vacías, y por tanto hemos decidido abstenernos en la votación.

Las personas intersexuales ven su derecho a la libre determinación y desarrollo de la identidad negado en la UE de modo sistemático. La mayoría de ellas son mutiladas quirúrgicamente al nacer e incluso forzadas a esterilizarse más adelante en su vida. Por ello celebramos que por primera vez el Parlamento Europeo haya aprobado una propuesta de Resolución recogiendo sus derechos. Además, recoge puntos fundamentales como una petición explicita de prohibición de la cirugía genital en bebés intersexuales, la importancia de incluir esta realidad en los registros civiles, y la necesidad de adoptar políticas activas que promuevan los derechos de las personas intersexuales. Por todo ello, hemos votado a favor.

Hemos apoyado esta propuesta de Resolución sobre las acciones a tomar para el periodo 2019-2023 en materia de igualdad de las personas LGTBI. Lo hemos hecho ya que incluye, entre las peticiones concretas que se realizan a la Comisión, algunas de nuestras prioridades como son las medidas concretas de lucha contra la discriminación y los delitos de odio, la garantía de la libertad de movimiento de las familias LGTBI, la despatologización de la transexualidad, y todo ello desde un enfoque que pone en valor la propia diversidad de la sociedad.

El programa Naiades II tiene como objetivo la mejora de una red de vías navegables europea que cubre 37 000 km y que, en el momento en el que se planteó el programa, se encontraba totalmente inutilizada. Desde que se aprobó en 2013 se ha dado una mejora que debe ser continuada a partir de 2020 para poder sacar provecho de la red con una estrategia a largo plazo que asegure mayor eficiencia. Para ello, el informe pide políticas proactivas en la materia, así como la inclusión de los planes de navegación de vías navegables interiores en las políticas de transporte urbano y portuario. A esto se suma la exigencia de que tanto el plan como las mejoras que tengan lugar en torno a él sean llevadas a cabo con una proyección ecologista, así como una reducción de las emisiones de efecto invernadero. Es por ello que hemos votado a favor.

Hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución, en primer lugar, porque consideramos que en nuestras sociedades se debe evitar todo sufrimiento animal innecesario como una cuestión de valores y principios éticos y que afortunadamente cada vez calan más entre la ciudadanía y se convierten en una demanda. En segundo lugar, está demostrado por múltiples estudios que las condiciones en las que son transportados los animales tienen una relación muy importante con la salubridad de los productos que consumimos, cuanto peores son las condiciones de los animales mayor riesgo para la salud de los consumidores. En tercer lugar, entendemos que la negligencia en algunos Estados miembros en la vigilancia de las condiciones de transporte de animales supone una actuación de competencia desleal para aquellos productores en cuyos países si se cumplen y sí se respetan la normativa. En cuarto lugar, entendemos que existen alternativas al transporte de animales a largas distancias, fomentando mataderos locales y evitando macro proyectos que acaban con los productores locales y son tremendamente dañinos para el medio ambiente, la salud de los consumidores y el bienestar animal.

Este informe tiene dos enfoques; el primero es sobre las consecuencias de la postergación de la implementación en el sistema de común de aduanas de las tecnologías de la información y el segundo es sobre la gestión inadecuada de la Comisión Europea y los Estados miembros de la implementación estos sistemas. En concreto, el informe critica a los Estados miembros por retrasar los sistemas nacionales de tecnologías de la información y exige un enfoque reflexivo con respecto a los recursos para este tipo de proyectos; además, pide a la Comisión que presente un plan de acción con vistas a los procedimientos aduaneros uniformes. Dado que consideramos que es importante que se continúe mejorando el sistema aduanero y se afronten estos retos, hemos votado a favor.

He votado a favor del informe cuyo objetivo es examinar y evaluar cómo se han implementado los mecanismos institucionales que garantizan el control democrático sobre las agencias descentralizadas. No existe una definición de agencias descentralizadas en los Tratados. Sin embargo, como órganos de la Unión deben respetar el principio de atribución de poder (artículo 5 TUE). Se mencionan explícitamente en los Tratados en varios artículos, Protocolos y en la Carta de los Derechos Fundamentales y, por lo tanto, como las instituciones de la UE y otros organismos, deben defender los valores y principios de la UE y sus actos están sujetos a revisión judicial y otros mecanismos de rendición de cuentas.
El informe contiene recomendaciones que se pueden agrupar de la siguiente manera: una mayor convergencia de procedimientos y reglas para establecer y definir las agencias, su gobierno y responsabilidad; un mayor respeto de las prerrogativas del Parlamento como colegislador en cuanto a la ubicación o reubicación de agencias; se invita al Parlamento a revisar su organización interna para poder desempeñar adecuadamente su papel como colegislador y autoridad de supervisión; sobre gobernanza interinstitucional: debería elaborarse un acuerdo interinstitucional sobre las agencias que contenga, entre otras cosas, una revisión quinquenal.

Este informe trata de la codificación del Reglamento (CE) n.º 768/2005 del 26 de abril de 2005 que establece la Agencia Europea de Control de la Pesca y el Reglamento enmendado (CEE) n.º 2847/93 que establece el sistema de control aplicable a la política de pesca común.
El nuevo Reglamento respeta el contenido de los dos anteriores actos que están siendo codificados, por ello he votado a favor.

Esta propuesta forma parte de un paquete de cuatro propuestas de mayo de 2018, en el que la Comisión propuso una serie de nuevas normas sobre impuestos especiales, que abarcan tanto los acuerdos generales como los impuestos especiales sobre el alcohol. Esta propuesta establece las disposiciones para la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales. Acompaña la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta a la automatización del procedimiento para la circulación de los productos sujetos a impuestos especiales. Dada la condición eminentemente técnica de la propuesta he votado a favor del informe.

He votado a favor de este informe para que se pueda aprobar este Reglamento en primera lectura. En la propuesta de la Comisión, la regla principal para la ley aplicable a las cesiones es la ley de la residencia habitual del cedente. Esta es la norma vigente en algunos Estados miembros, mientras que otros aplican, por ejemplo, la ley aplicable al crédito cedido. Las principales consecuencias negativas de una cesión pueden aparecer para los acreedores del cedente o para otros terceros relacionados con el cedente. Para ello, la ley de residencia habitual del cedente otorgará un alto grado de transparencia y previsibilidad para los terceros posiblemente interesados.
Para que las consecuencias para los deudores, en el caso de los terceros, sean reguladas únicamente por Roma I, se ha introducido una exclusión explícita en este Reglamento, así como la exclusión de los procedimientos de insolvencia.

He votado a favor de este informe que propone la continuación del Programa Pericles. Pericles es un programa ya existente del MFP destinado a proteger los billetes y monedas en euros contra la falsificación y el fraude. Financia acciones destinadas a mejorar la cooperación y el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales y de la UE y, en su caso, terceros países y organizaciones internacionales (a menudo se crean puntos de acceso falsificados fuera de Europa, por ejemplo, en Colombia, Perú y China).