9ª legislatura Luis GARICANO

Compartimos el principal objetivo de las recomendaciones del informe de la Comisión ANIT sobre el transporte animal. Como sociedad, está en el interés común de los agricultores, consumidores y cadena de suministro que avancemos en la mejora del bienestar animal.
Sin embargo, el texto final no es equilibrado en algunas de sus disposiciones, por lo que, desde la delegación de Ciudadanos, hemos votado en contra del informe. Concretamente, la limitación de trayectos máximos de 8 horas no solo amenaza la ganadería en zonas rurales de países con gran extensión territorial como España, sino que obligaría a subir y bajar a los animales de los camiones con mayor frecuencia, generando un estrés adicional en ellos.
En lo relativo a limitar el transporte de los animales no destetados, defendemos que existen garantías para transportarlos eficientemente y que las medidas pondrían en peligro a sectores vitales en numerosas regiones españolas como en Castilla y León (i.e. cordero lechal, cabrito o lechón).

Hemos votado a favor de la propuesta de Resolución porque es fundamental para garantizar el acceso universal a las pruebas diagnósticas que permitan el derecho a la libre circulación dentro de la UE. La introducción de un pasaporte COVID-19 hace necesario que se garantice el acceso a pruebas diagnósticas para que el pasaporte no discrimine por motivos económicos
Sin embargo, la propuesta de Resolución pide en su apartado 3 que los Estados miembros y la Comisión introduzcan adicionalmente limitaciones temporales a los precios de aquellas pruebas que sean realizadas con fines distintos a la obtención del certificado UE COVID-19. Sobre este punto queremos expresar nuestras reservas.
Debemos asegurar que cualquier limitación temporal de precios evite potenciales distorsiones de mercado contraproducentes y ponga en peligro la oferta y suministro de pruebas. A falta de información suficiente para caracterizar el mercado de pruebas diagnósticas, la aplicación de esta política en otras regiones del mundo como la India sugiere que la regulación de precios puede afectar negativamente a la capacidad y calidad de los diagnósticos. Por ello, la política de precios debe reflejar adecuadamente la necesidad de mantener una elevada capacidad de testeo para seguir haciendo frente a la pandemia y garantizar simultáneamente unos precios asequibles para todos.

Nos hemos abstenido en la votación del informe anual sobre la aplicación de la política comercial común en 2018, como consecuencia de la enmienda número 36 que se aprobó parcialmente con el apoyo de los votos de la extrema de derecha de la Cámara. Esta enmienda no recae sobre el ámbito de estudio de este informe, sino que pide en definitiva que el Acuerdo de Asociación no se ratifique, si bien el texto definitivo del Acuerdo ha sido presentado para empezar el proceso de estudio en sede parlamentaria. Por esta razón, no podemos apoyar el informe tal y como ha sido enmendado, desvirtuando el objetivo.
Con todo ello, el informe —en su versión votada en fase de Comisión INTA— contiene numerosos aspectos positivos, notablemente en cuanto a la igualdad de género en política comercial, la diligencia debida y la reciprocidad de los operadores económicos europeos y de terceros países, o medidas específicas dedicadas a apoyar las pymes en su externalización. De manera muy destacada, se equipara la protección del sector de la aceituna a la que recibe el acero y el aluminio alemán frente a los aranceles que la Administración Trump impuso en 2017, algo que se ha conseguido gracias a las enmiendas presentadas por diputados de Ciudadanos.