Kaheksanda koosseisu ametiaeg Estefanía TORRES MARTÍNEZ

. – En este momento Dinamarca es miembro de pleno derecho de Eurojust. El nuevo Reglamento (UE) 2018/1727 de Eurojust entrará en vigor el 12 de diciembre de 2019. A partir de ese momento, debido al Protocolo n. 22 de los Tratados, Dinamarca se considerará como un tercer Estado con respecto a Eurojust. Sin embargo, Dinamarca ha expresado el deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Por este motivo, si tuviéramos que esperar a la entrada en vigor del nuevo Reglamento para concluir un acuerdo específico, habría una «brecha operativa» hasta que el nuevo acuerdo entrara en vigor. Por lo tanto, Eurojust ha celebrado un acuerdo de conformidad con el marco legal vigente, que solo contempla la consulta al PE (es decir, no tiene poder de veto ni posibilidad de modificar el contenido del acuerdo). La posición habitual del grupo respecto al acuerdo internacional de Eurojust es la abstención. Sin embargo, Dinamarca tenía el mismo problema con Europol, y en ese caso el grupo votó a favor. Si Dinamarca desea participar en el sistema de cooperación judicial de la UE, como lo está haciendo ahora, no hay razones particulares para oponerse. Por lo tanto, hemos votado a favor.

. – Hemos votado a favor de la revisión del Reglamento que persigue mejorar y actualizar la coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social con el objeto de garantizar una protección más eficaz y adecuada de los beneficiarios; así como favorecer un mejor control de situaciones con vistas a evitar abusos y malas prácticas.
La modificación abarca seis bloques de disposiciones en los Reglamentos, las relativas a: igualdad de trato (acceso a prestaciones de ciudadanos UE económicamente inactivos); prestaciones familiares, prestaciones por cuidados de larga duración, prestaciones por desempleo, legislación aplicable, y modificaciones diversas.
Las partes más sensibles eran las relativas desempleo y legislación aplicable. Se han mejorado aspectos para eliminar vacíos legales y evitar el fraude (como la necesidad de informar al país de recepción de manera formal previo al envío del trabajador), evitar que los trabajadores desplazados y sujetos a movilidad pierdan derechos y prestaciones, que un trabajador que se envía a trabajar fuera al menos lleve 3 meses cotizados en el país de origen, o que ese trabajo fuera no pueda prolongarse por más de 18 meses sin que pase a ser trabajador del otro Estado y tener las condiciones y beneficios de ese otro Estado miembro.

. – Hemos votado a favor. El año pasado la Comisión Europea presentó su última propuesta del paquete de movilidad limpia por primera vez en la historia de las emisiones de CO2 para los camiones, pero sin incluir los autobuses y autocares de inmediato. En conjunto, los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 del transporte por carretera, o el 6 % de las emisiones totales de CO2 de la UE. La propuesta establece objetivos de reducción del 15 % para 2025 según los niveles de 2019, y al menos una reducción potencial del 30 % para 2030, sujeto a revisión en 2022. Solo se cubren los camiones grandes, mientras que los vehículos vocacionales, autobuses, autocares y remolques están exentos. Hasta 2022 cuando se ampliará el alcance. La propuesta incluye un mecanismo de súper créditos para incentivar la utilización de vehículos de emisiones bajas y cero (ZLEV).

. – El Parlamento, en su Resolución de 2017 sobre el plan de acción de gobierno electrónico pidió a la Comisión que considere nuevas formas de promover soluciones digitales para los trámites a lo largo del ciclo de vida de una empresa y subrayó la importancia del trabajo en la interconexión de los registros comerciales. Contrariamente a la otra parte del paquete de leyes de la compañía (Regner, CMD), no esperábamos en ninguna etapa del proceso que esta legislación pudiera traer una mejora significativa. Todas las garantías que intentamos introducir fueron rechazadas. Por lo tanto, votamos en contra.

. – La propuesta de Directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas se publicó a finales de abril de 2018. Se presentó junto con la Directiva en lo que respecta al uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades, como el «Paquete legislativo sobre movilidad en materia de Derecho de sociedades», esperado desde 2017 y que modifica la Directiva (UE) 2007/1132 relativa a ciertos aspectos del Derecho de sociedades. Las iniciativas para revisar la Directiva de fusiones, para permitir divisiones transfronterizas y para considerar reglas para la transferencia de una oficina registrada de una compañía, fueron contempladas en el plan de acción de la Comisión de 2012 «Derecho de las sociedades europeo y gobierno corporativo - un marco jurídico moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas». Tuvimos la oportunidad de introducir varias medidas importantes contra el establecimiento de acuerdos artificiales y empresas buzón, pero desafortunadamente, dichas disposiciones se diluyeron significativamente en el curso de las negociaciones, debido a las resistencias tanto del Consejo como de la Comisión. Por ello, hemos votado en contra.

. – Votamos en contra del Fondo Europeo de Defensa porque promueve una militarización de la Unión Europea, en contradicción con los Tratados europeos, servirá para financiar con dinero público el sector de la defensa y el complejo industrial militar y llevará muy probablemente a un aumento de las exportaciones de armas.

. – Votamos en contra. Este informe refiere a la regulación de los bonos garantizados, obligaciones de deuda emitidas por entidades de crédito y asegurados por un conjunto de activos delimitados mediante los cuales los tenedores de bonos tienen un recurso directo como acreedores preferentes. Los tenedores de bonos siguen teniendo derecho a reclamar contra la entidad emisora ​​como acreedores ordinarios.
Los bonos garantizados se emiten por entidades de crédito. Facilitan la financiación de préstamos hipotecarios y del sector público. La Comisión presentó una propuesta para permitir un marco de la UE sobre bonos garantizados que facilite la distribución transfronteriza de fondos de inversión. Las inversiones nacionales y transfronterizas en bonos garantizados han funcionado bien en el marco legislativo actual, por lo que aprobar una regulación sobre este tema, que incluiría la armonización obligatoria de los modelos nacionales y su reemplazo por uno europeo que permitirá la inclusión de contratos de derivados y activos procedentes de terceros países, podría poner en peligro la evaluación del nivel de riesgo de los bonos garantizados. El ponente defiende una regulación estricta en esta área y cree que el acuerdo propuesto socava la posición de los bonos garantizados.

. – Votamos en contra de esta Directiva. Se refiere a la regulación de los bonos garantizados, obligaciones de deuda emitidas por entidades de crédito y asegurados por un conjunto de activos delimitados mediante los cuales los tenedores de bonos tienen un recurso directo como acreedores preferentes.
Esta Directiva especificará los elementos centrales de los bonos cubiertos y proporcionará una definición común como punto de referencia detallado para fines de regulación prudencial, aplicable en todos los sectores financieros. Establecerá las características estructurales del instrumento, una supervisión pública específica de bonos cubiertos, reglas que permiten el uso del etiquetado de los bonos cubiertos a nivel europeo y la obligación de publicación de las autoridades competentes en el campo de los bonos garantizados. Al estar ligado al desarrollo de la Unión de Mercado de Capitales, consideramos un riesgo, sobre todo en el contexto de la concentración bancaria que se está impulsando.

. – Votamos en contra. InvestEU es la continuidad del Plan Juncker. Se da más poder al BEI, con poder de veto en las decisiones. Además, se redujeron las pretensiones de cubrir inversiones sostenibles, en relación a las reclamaciones del Parlamento Europeo. En términos globales, hay algunas mejoras en el campo de la rendición de cuentas y criterios sociales formales, o una definición más clara de adicionalidad ―que tampoco garantiza su cumplimiento―, o incluso un Comité de Inversiones que podría mejorar la distribución geográfica de las inversiones, pero:
- Se debería haber establecido un criterio de redistribución que no se prevé en términos significativos.
- Se otorga demasiado poder al BEI, guiado por los Estados miembros que más contribuyen al BEI.
- La garantía pública se utilizará para socializar las pérdidas y respaldar el negocio privado.
- Se da una dotación insuficiente de recursos (la garantía) para impulsar adecuadamente la inversión. Ahora bien, la cifra final depende del acuerdo que se dé en el marco financiero plurianual.
- Quizá aminore el riesgo de inversión, pero en una economía estancada, con baja rentabilidad, no será capaz de impulsar las nuevas inversiones por sí sola.

. – Hemos votado a favor de esta propuesta de ventanilla única para simplificar y armonizar los procedimientos y permisos administrativos que deben cumplimentar las más de dos millones de solicitudes de entrada por vía marítima que la UE recibe cada año.

. – Nos abstenemos en la votación. Se persigue que las finanzas sean sostenibles en la línea de los Acuerdos de París, estableciendo un marco para redirigir los flujos de capital privado hacia inversiones sensibles al cambio climático. Sin embargo, el mecanismo es sumamente insuficiente. Los inversores institucionales y gestores de activos han de mostrar que sus inversiones se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, divulgando entre sus clientes los riesgos de sus proyectos de inversión en relación también a los factores ambientales, sociales y de gobernabilidad. Con esta información los clientes podrían tomar decisiones responsables al tener disponible una información más completa y sensible a estos temas. El informe parlamentario obligaba a los bancos a incluir estas informaciones. Tras las negociaciones tripartitas se les excluye de esta obligación. Además, otras mejoras establecidas en la Comisión ECON desaparecieron. Quitan los indicadores de desarrollo sostenible en esta fase, y los requisitos de divulgación son muy difusos en la versión final. Además, no parece suficiente incentivo estar «bien informado», pues la iniciativa privada suele buscar rentabilidad, y solo alterará decisiones cuando dos proyectos ofrezcan una rentabilidad parecida y se escoja, si así lo prefiere el inversor, el que tenga menos costes sociales y medioambientales.

. – Hemos votado en contra de este informe. El Consejo hizo una propuesta de contra compromiso que consistía en adoptar a nivel legislativo los límites de concentración y acordar la aplicación del procedimiento legislativo para la modificación de la lista de sustancias y los límites de concentración. El PE consideró satisfactoria y aceptada dicha propuesta. Pero luego, mediante un procedimiento escrito, el Consejo informó al PE que la cláusula de revisión concerniente a los límites de concentración con respecto al decaBDE tanto en el Anexo I como en el IV, y en la entrada en el Anexo I relativa a los PCB, debería considerarse como punto de partida de los BDE, incluidas las leyes BDE, el valor de 1000 mg/kg como umbral moviéndose a 500 mg/Kg lo más rápido posible. Al responder a este cambio, el ponente intenta mantener el expediente, en lugar de resaltar que el punto de partida debería ser «al menos» 550 mg/kg. En otras palabras, utilizando una redacción técnica que no sea comprensible y engañosa con respecto a las expectativas de los ciudadanos sobre su protección de la salud.

. – Se trata de un intento de desregulación los requerimientos regulatorios para derivados extrabursátiles OTC (Over the Counter ) que no están sujetos a la compensación central por parte de una entidad de contrapartida central (ECC) y sobre los registros de operaciones (trade repositories ). Por ello votamos en contra.
Se propone disminuir el alcance de la obligación de compensación para entidades no-financieras y distinguir entre dos niveles de compensación, ya que se entiende que una entidad no financiera no tiene las mismas exposiciones que una financiera a derivados OTC y, por tanto, no supone el mismo grado de riesgo. Se propone también que determinadas contrapartidas financieras queden exentas de su obligación de compensación de sus posiciones en derivados argumentando que, por su bajo volumen de negociación, no suponen un peligro de riesgo sistémico. No tenemos claro si se han considerado todos los factores de riesgo y potenciales interdependencias entre colaterales y posiciones en distintas clases de derivados para evaluar adecuadamente la probabilidad de riesgo sistémico.
Como sabemos, existen grandes dificultades a la hora de medir el riesgo sistémico, ya que se trata de una magnitud de difícil medición. No estamos a favor de medidas desreguladoras.

. – La propuesta está relacionada con el tratamiento de entidades de contrapartida central (ECC) no pertenecientes a zona del euro que realizan operaciones de compensación de activos denominados en euros, en particular tras el Brexit . Actualmente hay tres ECC en Gran Bretaña que perderán su estatuto: LCH Limited, ICE Clear Europe Limited y LME Clear Limited, para las cuales la ESMA ya anunció que, en caso de un escenario sin acuerdo, las tres entidades podrán seguir ofreciendo sus servicios en la Unión. Con vistas a promover la estabilidad financiera y limitar problemas en las operaciones de compensación los reguladores de la UE piden poder requerir a las entidades sistémicas su reubicación en territorio europeo. Visto el riesgo que las operaciones diarias de estas entidades suponen, estamos a favor de que estén bajo la supervisión de las autoridades de las UE. Sin embargo, siguen existiendo muchas áreas en las que los poderes supervisores son demasiado débiles, y hasta la fecha no existe ningún compromiso firme de reducir la negociación de productos derivados complejos y los riesgos derivados de ello, por lo que hemos decidido abstenernos en la votación.

. – Se trata de una iniciativa para extender las fuentes de financiación de las pymes, que representan un 99 % del tejido empresarial en la Unión, responsables del 85 % del empleo. Intenta ampliar el acceso a la financiación de pymes en los mercados financieros para reducir su dependencia del crédito bancario. Financiarse en mercados financieros tiene riesgos, pero parece que la regulación protege a los pequeños propietarios de, por ejemplo, una OPA hostil. En la opinión de la Comisión (y del ponente) los problemas son de corte administrativo y dificultades técnicas y por tanto la propuesta legislativa intenta abordar este tipo de dificultades.
Apenas 3 000 pymes han recurrido a esta vía, de la que no hay mucho conocimiento e interés. Consideramos que los cambios técnicos propuestos tampoco mejorarían el acceso o deseo de las pymes de acceder a esta fuente. Además, existen ya otros programas europeos que se han mostrado más eficaces como COSME o el Investment Fund Program. Sin embargo, no hay elementos suficientes para estar en contra, la regulación de este mercado financiero es al menos la mínima necesaria. No es la vía mejor para financiarse, pero no hay razones para oponerse. COPYME es favorable a estos cambios. Nos abstenemos en la votación.

. – El derecho de investigación es una característica importante de las facultades de supervisión del Parlamento que le permite crear comisiones de investigación para investigar una presunta infracción o mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión. El derecho del Parlamento a establecer comisiones de investigación temporales fue elevado a la Derecho primario por el Tratado de Maastricht. Sin embargo, el Tratado no proporcionó información sobre los poderes específicos otorgados a las comisiones de investigación del PE, dejando en cambio la definición de cualquier disposición detallada para un futuro acuerdo interinstitucional. Esta propuesta de Resolución expresa el desacuerdo más profundo del Parlamento con la actitud del Consejo y de la Comisión y establece una serie de acciones a tomar. Hemos votado a favor, ya que apoyamos la implementación legislativa de este derecho.

. – Hemos votado a favor. Esta propuesta de Resolución pide a la Comisión que tome rápidamente todas las medidas necesarias para garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente contra los alteradores endocrinos al minimizar de manera efectiva la exposición general de los seres humanos y el medio ambiente a los alteradores endocrinos. Esto se especifica al exigir una definición legal horizontal para los alteradores endocrinos según la definición de la OMS y los requisitos para hacer propuestas legislativas para insertar disposiciones específicas para los alteradores endocrinos en el Reglamento sobre cosméticos, la Directiva de seguridad de juguetes y el Reglamento sobre materiales en contacto con alimentos, todo a más tardar en junio 2020. También exige la aceleración del desarrollo de pruebas y la validación para identificar correctamente los alteradores endocrinos, para garantizar que los requisitos de datos en todas las legislaciones relevantes se actualicen continuamente, para tener en cuenta los efectos de la mezcla y las exposiciones combinadas en toda la legislación relevante de la UE, para garantizar un adecuado biocontrol de alteradores endocrinos y para promover la investigación relacionada con los alteradores endocrinos.

. – Se vota la interpretación del artículo 32, sobre establecimiento o disolución de los grupos políticos. En concreto, el punto que habla sobre la creación de una declaración política que establezca los propósitos del grupo. La propuesta que hace la Comisión AFCO: «La declaración política de un grupo debe establecer los valores que el grupo defiende y los principales objetivos políticos que sus miembros pretenden perseguir juntos en el marco del ejercicio de su mandato. La declaración describirá la orientación política común del grupo de manera sustancial, distintiva y genuina», nos parece correcta. Por eso, votamos a favor.

. – Eurodac es la base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los solicitantes de asilo (Reglamento de Dublín) y a los irregulares que cruzan la frontera. Desde la última versión, especialmente desde la de julio de 2015, las autoridades policiales pueden consultar Eurodac con el fin de prevenir, detectar e investigar terroristas, delitos y otros delitos graves (aplicación de la ley). Desde el 8 de marzo de 2006, a raíz de un Acuerdo, Dinamarca utiliza Eurodac para cuestiones de asilo, pero no para la aplicación de la ley, ya que está fuera del alcance de este Acuerdo. Tras la solicitud de Dinamarca de extender este acceso a las autoridades policiales y las negociaciones pertinentes, se ha elaborado un Protocolo que establece que todos los Estados participantes, ya sean otros Estados miembros de la UE, países asociados o Dinamarca, con acceso a Eurodac, también pueden acceder a esos datos para fines de aplicación de la ley. Esta extensión del uso de Eurodac no ha seguido ningún tipo de evaluación de necesidad o implementación, y plantea muchas preocupaciones respecto a su impacto en derechos fundamentales por lo que hemos votado en contra.

. – El Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» tiene varios aspectos positivos como el hecho de dedicar un 35 % del presupuesto a proyectos climáticos, de aumentar el apoyo a las ciencias sociales, de dar más apoyo a los pequeñas y medianas empresas, de proponer reducir la brecha salarial entre hombre y mujeres en el ámbito de la investigación, y de aumentar el presupuesto total a 120 000 millones de euros. Sin embargo, introduce el principio de innovación, lo que debilita fuertemente al principio de precaución y pone en riesgo normas sanitarias y medioambientales. Por ello, nos abstuvimos en la votación.