9. sasaukums Sira REGO

Las condiciones políticas de esta ayuda macrofinanciera a Ucrania de carácter excepcional por valor de 5 000 millones de euros, no estaban reflejadas en el texto, sino que se emplazaba a la Comisión Europea a acordar y firmar un memorando de entendimiento con las autoridades ucranianas donde quedarían recogidas estas condiciones.
Por ello, desde nuestro grupo parlamentario, insistimos en la necesidad de explicitar que esta ayuda macrofinanciera se utiliza para asegurar unas condiciones dignas para la población ucraniana en el contexto de la guerra, particularmente para el pago de salarios y pensiones, la garantía del acceso a la energía o la continuidad de los servicios educativos y sanitarios en el país. Nos preocupa que no se explicite que estos recursos no se utilizarán para nada que no sea el apoyo a la población civil. También nos parecía importante que las condiciones de este memorando fueran completamente transparentes y fueran sometidas a escrutinio democrático tanto por el Parlamento Europeo como por el legislativo ucraniano.
Sin embargo, estas aportaciones de nuestro grupo fueron rechazadas por una mayoría y por tanto no he podido apoyar una ayuda macroeconómica sin que haya un conocimiento concreto de sus fines últimos y una verdadera capacidad de fiscalización.

El objetivo de esta propuesta es crear un marco temporal común en la UE para permitir a la ciudadanía ucraniana que reside actualmente en los Estados miembros bajo el régimen de protección temporal, seguir utilizando su permiso de conducir ucraniano sin necesidad de cambiarlo por un permiso de conducir de la UE o de presentarse a un nuevo examen de conducción.
Además, este Reglamento permitirá a los conductores de camiones y autobuses ucranianos bajo protección temporal en la UE prorrogar la validez de sus certificados de aptitud profesional (CAP) expedidos en Ucrania tras un breve curso de formación y un examen.
Hemos votado a favor de esta propuesta pues creemos que es importante facilitar la vida cotidiana de las personas que sufren las consecuencias de la guerra y darles la oportunidad de trabajar en la UE.
Al mismo tiempo, con las enmiendas trabajadas junto a los sindicatos del transporte hemos logrado que esta medida no comprometa los derechos de los trabajadores ni las normas de seguridad vial.

La Comisión propone añadir la violación de las medidas restrictivas a la lista de delitos de la UE que figura en el artículo 83 del TFUE. Esto permitirá establecer una norma básica común sobre delitos y sanciones en toda la UE. La Comisión justifica su propuesta porque considera que así se podrá garantizar la aplicación efectiva de la política de la UE en materia de medidas restrictivas, que ya es delito en la mayoría de los Estados miembros.
Nosotros nos oponemos a esta propuesta ya que carece de cualquier evaluación de impacto, no tiene ninguna garantía, ni opinión de la Agencia de Derechos Fundamentales, ni se ha podido debatir en la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior, ni en el Parlamento en general. Además, de que es de carácter punitivista y propone un modelo de sociedad basado en la sanción.
Por todo ello, hemos votado en contra.

Hemos votado a favor de este informe ya que el texto recoge todos los aspectos importantes de las actividades del BEI en las que, además, hemos podido influir notoriamente.
A nivel general, se subraya el papel del BEI como banco público además de condenarse la invasión a Rusia. También se acoge con satisfacción la reacción del BEI ante la propia guerra y lamenta que pueda esta pueda tener efectos importantes indirectos en las cadenas de suministro transfronterizas, los precios de los alimentos y fertilizantes, la asequibilidad de los alimentos en la UE y a nivel mundial.
Por otra parte, en el texto se cubren todos los aspectos importantes de las actividades del BEI relacionadas con la acción climática, biodiversidad y sostenibilidad, género y responsabilidad social, operaciones globales, lucha contra el fraude y transparencia.

Aunque el Parlamento Europeo no ejerce ninguna facultad de aprobación de la gestión del Banco Europeo de Inversiones, como sí lo hace con la gestión de la Comisión u otras instituciones o agencias europeas, a través de un informe anual el Parlamento puede evaluar las actividades financieras del BEI.
En este caso, el informe de análisis recoge la valoración sobre el 2020, centrándose en sus objetivos principales, como la cohesión territorial y social, el desarrollo sostenible, el desempleo, la pobreza y la exclusión.
Aunque es un informe que no es vinculante para la aprobación o rechazo a la gestión de esta importante institución, las recomendaciones que se hacen en estos informes pueden orientar los ejes de actuación del BEI.
Al entender que el informe recoge muchas de nuestras posiciones y va en la buena línea, nuestro voto ha sido favorable.

De forma periódica el Parlamento desarrolla un informe que tiene por objeto evaluar la situación de la protección de los intereses financieros de la UE.
En este caso se votaba el informe anual correspondiente al año 2020 y se centraba especialmente en la lucha contra el fraude. En esta cuestión tan importante, existe una responsabilidad compartida entre la Comisión y los Estados miembros para garantizar una protección plena y adecuada de los intereses financieros de la UE. Al tratarse de dinero público, debemos tener una responsabilidad mayor por evaluar en que ese dinero se gaste adecuadamente, especialmente en el actual clima de desconfianza pública.
Fruto de nuestras enmiendas el texto reforzó los compromisos con la transparencia, la lucha contra la corrupción o el fraude fiscal, por lo que hemos apoyado con nuestro voto favorable el informe final.

Hemos votado a favor de este informe debido a los aspectos positivos que incluye como: pedir a la UE que cumpla con los objetivos del Pacto Verde Europeo y que se tengan en cuenta sistemáticamente los informes del IPCC y la IPBES; integrar los objetivos de los ODS en la elaboración de leyes; pedir que se tengan en cuenta sistemáticamente los derechos humanos y se integre el impacto de género en la legislación; introducir el derecho a legislar por parte del Parlamento Europeo mediante la revisión de los tratados y promover la representación directa de los ciudadanos europeos en la elaboración de las políticas de la UE; aumentar la participación ciudadana y el multilingüismo y pedir que se aumente la transparencia de las instituciones europeas.
Aun así, somos conscientes de que existen aspectos negativos como la falta de crítica sobre el principio de «uno dentro y uno fuera», donde la Comisión tiene una redacción neutral, la promoción del principio de lo digital por defecto en toda la legislación y la aplicación de espacios controlados de pruebas en toda la legislación relacionada con la transformación digital y las menciones a las «cargas administrativas innecesarias» para aliviar la presión sobre las empresas y las pymes.

El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos son derechos básicos de las mujeres y, por tanto, los Estados y las instituciones públicas deben garantizarlos.
Lo sucedido con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha provocado que se elimine el derecho al aborto en numerosos estados, cuyas mayores afectadas serán las mujeres más pobres, las racializadas y las mujeres en exclusión en general, ya que cuando se prohíbe el aborto estos no cesan, sino que se vuelve clandestino y, por tanto, pasan a ser mucho más inseguros y peligrosos, supone un retroceso sin precedentes en la lucha por la igualdad.
Por ello, es fundamental que el Parlamento Europeo y el resto de instituciones de la UE se posicionen en contra de esta decisión y tomen medidas que garanticen el acceso a un aborto seguro y gratuito para todas las mujeres en todos los lugares.

Una de las soluciones técnicas para la participación de las eurodiputadas en las sesiones de comisiones parlamentarias durante la pandemia ha sido la posibilidad de participar online en las mismas.
En estos momentos de recuperación de una presencialidad total en las instituciones europeas, esta propuesta de enmiendas a las reglas de procedimiento en las comisiones del Parlamento Europeo, pretende implementar la posibilidad de que, a instancia del presidente de la comisión y de sus miembros, las sesiones de estas puedan tener un formato híbrido.
Hemos apoyado con nuestro voto a favor esta propuesta de modificación al entender que es un sistema que dota de garantías a la participación de las diputadas y permite, incluso, que personas externas que puedan ser relevantes para el trabajo de las comisiones puedan participar de los debates sin necesidad de trasladarse a Bruselas.

La objeción se presentó al acto delegado que había presentado la Comisión en diciembre de 2021.
Dicho acto establecía criterios adicionales al Reglamento de taxonomía de las actividades económicas, según los cuales, y bajo ciertas condiciones, la energía nuclear y el gas natural «contribuyen de manera sustancial a la mitigación del cambio climático», y por tanto pueden considerarse «verdes» o «sostenibles» a efectos de promover las inversiones en estos sectores.
Desde la publicación del acto, nuestro grupo se mostró muy activo en contra del mismo, y nuestra Delegación promovió un manifiesto común. La emergencia climática no puede ser la excusa para el lavado verde de energías sucias.
Por ello votamos a favor de la objeción, que de todos modos fue rechazada, por lo que se consolida este «lavado de cara» de las nucleares y del gas, que ahora son «amigables con el medio ambiente» y podrán beneficiarse de inversiones que son vitales para acelerar la transición energética.

Hemos votado a favor de esta propuesta ya que tiene por objeto modificar algunas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 508/2014 sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para permitir a los Estados miembros adoptar medidas para paliar las consecuencias de la guerra, que ha provocado una interrupción directa de las actividades pesqueras en el mar Negro.
Además, resaltamos medidas como: la compensación financiera cuando la guerra ponga en peligro la seguridad de las operaciones de pesca y provoque su interrupción; la compensación financiera a las organizaciones de productores o asociaciones de OP reconocidas que almacenen productos de pesca o acuicultura de acuerdo con el mecanismo de almacenamiento del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 sobre la organización común de mercados (OCM) de los productos de la pesca y la acuicultura y por último, la compensación financiera de los operadores del sector de la pesca y la acuicultura por sus ingresos dejados de percibir y los costes adicionales que tuvieron debido a la guerra y sus efectos en la cadena de suministro de productos de la pesca y la acuicultura.

Este informe anual evalúa la situación de Kosovo y sus relaciones con la UE.
La posición de nuestro ponente alternativo se centró en la cuestión del reconocimiento y en la necesidad de garantizar un marco comunitario para tratar que se respete la decisión soberana de cada Estado miembro.
Hemos votado en contra ya que el informe pretende imponer un enfoque que ignora las diferencias entre los Estados miembros. Nos preocupa la presencia de la OTAN en suelo europeo y creemos que pone en peligro una solución dialogada entre Serbia y Kosovo. Y la política exterior de la UE no puede ignorar la posición de cinco Estados miembros e intentar imponerles una decisión.
Además, la UE sigue promoviendo una integración de mercado sin trabas con países con normas económicas y laborales muy diferentes, sin tener en cuenta las consecuencias para los trabajadores y pequeños productores de la UE y del propio país tercero; y promueve las privatizaciones en beneficio de las empresas multinacionales fuera de sus propias fronteras.
Por último, la cooperación con las fuerzas policiales debe estar condicionada al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales, lo que no ocurre en este caso.

El informe pretende contribuir al debate general sobre el multilateralismo y, en particular, a la estrategia de la Comisión para reforzar la contribución de la UE al multilateralismo basado en normas.
Nos hemos abstenido en la votación ya que el informe afirma que los Estados miembros deben trabajar con socios afines en los puestos clave de los organismos de las Naciones Unidas o en los foros multilaterales, lo que resulta especialmente preocupante en un momento de creciente asertividad de los regímenes no democráticos en dichos foros; afirma que el orden mundial multilateral solo debería ser para socios afines, lo que es la antítesis de lo que debería ser un sistema multilateral. Y, supuestamente, pide que la UE tenga autonomía estratégica; pero, sin embargo, siempre se produce de facto una subordinación a los EE. UU.

El informe pide a la UE que aplique políticas que garanticen el derecho a la seguridad y la soberanía alimentaria en los países en desarrollo.
El informe pide a la Comisión que adopte medidas para poner fin a la especulación financiera con los alimentos y los productos agrícolas, que promueva políticas coherentes con los objetivos de los ODS, que apoye a los pequeños agricultores y a las comunidades locales, que evite el acaparamiento de tierras y que promueva un modelo de agricultura sostenible.
Hemos votado a favor.

Hemos votado a favor de este informe por los resultados como la necesidad de los servicios públicos y de garantizar el acceso universal e igualitario; la promoción de la contratación pública socialmente responsable que implica el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de derecho medioambiental, social y laboral establecidas a todos los niveles; la promoción del modelo de cooperativas de trabajo y el refuerzo de la dimensión de género en cuanto a las políticas y al acceso de financiación.
Criticamos aspectos negativos como facilitar el «acceso al mercado interior» y la «competencia efectiva», pocas menciones sobre la necesidad de contemplar el mercado único dando un mejor acceso a las entidades de la economía social, se promueve el concepto de servicio de interés económico general mediante disposiciones específicas subyacentes ofrecidas a los SIEG para acceder al apoyo de la financiación pública en el Reglamento de ayudas estatales de la UE y el riesgo de lavado social mediante la creación de asociaciones entre las entidades de la economía social y las empresas convencionales.

La discriminación interseccional se refiere a una situación en la que varios motivos de discriminación operan e interactúan entre sí y producen tipos específicos de discriminación, por ejemplo, el género con la raza, la etnia o condición socioeconómica, la edad, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, las características sexuales, etc.
Es un hecho que las mujeres siguen enfrentándose a desigualdades y discriminaciones cruzadas en la UE; en particular, las mujeres de origen africano, de Oriente Medio, latinoamericano y asiático se encuentran entre los grupos más desfavorecidos.
Hasta ahora, las políticas de la UE no han incluido un enfoque interseccional, ya que se han centrado únicamente en las dimensiones individuales de la discriminación, lo que resta importancia a sus dimensiones institucionales, estructurales e históricas.
Por ello hemos votado a favor de este informe que pide que se tomen medidas desde las instituciones europeas y los Estados miembros para acabar con la discriminación interseccional.

Esta propuesta de Resolución común se refiere a los últimos vetos que plantearon Polonia y Hungría para impedir que el Consejo adoptara el tipo impositivo mínimo del 15 % para las multinacionales y, por tanto, lo aplicara a nivel de la UE.
Aunque éramos muy críticos con este pacto mundial que incluye una tasa demasiado baja (defendíamos una tasa del 25 %) y numerosas exenciones, creemos que es un primer paso en la dirección correcta. Por lo tanto, su bloqueo a nivel del Consejo envía una mala señal a todos los niveles.
Este texto pide explícitamente a Hungría que detenga el bloqueo, pide al Consejo que adopte la Directiva rápidamente y explora nuevas posibilidades para hacerlo: votación por mayoría cualificada para ciertas reformas fiscales, cooperación reforzada e implementación de la medida unilateralmente por parte de los estados miembros que lo deseen.
Aunque nos hubiera gustado ver un texto más ambicioso, creemos que es un paso en la dirección correcta, y por eso hemos votado a favor.

Hemos apoyado este expediente sobre servicios digitales que forma parte de un expediente conjunto tras el diálogo tripartito en el que, con una dura presión por parte de los lobbies de las grandes tecnológicas, se ha sacado adelante la primera herramienta jurídica que regula el poder social y de mercado que tienen estos gigantes digitales en la red. Supone un buen inicio para regular un espacio que hasta la fecha estaba totalmente desregulado.
Como elementos positivos están la posibilidad de actuar contra contenido ilegal o ilícito en la red, mecanismos antimonopolistas de las grandes tecnológicas, obligatoriedad de control de contenidos por parte de las empresas e investigación de los patrones de algoritmo y publicidad engañosa, que aún permitan el acceso a menores o a datos sensibles.
A pesar de que no se ha podido ir más allá en las herramientas de prohibición total de publicidad a menores o publicidad dirigida, así como un régimen sancionador más exigente, es un buen comienzo en un terreno totalmente desregulado.

Hemos apoyado este expediente sobre mercados digitales, que forma parte de un expediente conjunto, tras el diálogo tripartito en el que, con una dura presión por parte de los grupos de presión de las grandes tecnológicas, se ha sacado adelante la primera herramienta jurídica que regula el poder social y de mercado que tienen estos gigantes digitales en la red. Supone un buen inicio para regular un espacio que, hasta la fecha, estaba totalmente desregulado.
Como elementos positivos están la posibilidad de actuar contra contenido ilegal o ilícito en la red, mecanismos antimonopolistas de las grandes tecnológicas, obligatoriedad de control de contenidos por parte de las empresas e investigación de los patrones de algoritmo y publicidad engañosa, que aún permitan el acceso a menores o a datos sensibles.
A pesar de que no se ha podido ir más allá en las herramientas de prohibición total de publicidad a menores o publicidad dirigida, así como un régimen sancionador más exigente, es un buen comienzo en un terreno totalmente desregulado.

Se trata de un informe por el cual se considera que Croacia cumple los criterios macroeconómicos para adoptar el euro a partir del 01/01/2023.
Nos hemos abstenido en la votación, habida cuenta de que la adopción del euro es una decisión soberana del Estado miembro, y también por las negativas consecuencias macroeconómicas que la arquitectura del euro ha generado desde su creación (la imposibilidad de las devaluaciones competitivas, la ausencia de un Tesoro europeo, una gobernanza dudosamente democrática, y en última instancia el aumento de las divergencias entre los Estados miembros de la zona euro).