Skriftliga förklaringar Eider GARDIAZABAL RUBIAL

He votado a favor de la propuesta legislativa del Parlamento sobre la composición de la Eurocámara tras las elecciones europeas de 2024. Los socialistas europeos hemos apoyado esta nueva propuesta en la que se añaden 11 escaños adicionales (pasando de 705 a 716) para compensar la representación de los Estados miembros que ganan población. Los Tratados atribuyen como máximo 751 diputados a la composición de la Eurocámara, por lo que con esta propuesta garantizamos espacio suficiente para incluir la circunscripción paneuropea de 28 escaños incluida en la nueva propuesta de ley electoral europea al mismo tiempo que se lanza un mensaje positivo de cara a futuras ampliaciones. De igual modo, el Parlamento cumple con la obligación que establece el Tratado de respetar la proporcionalidad decreciente y España aumenta su peso y representación pasando de 59 a 61 escaños. Una vez el Parlamento Europeo adopta su posición, corresponde al Consejo Europeo por unanimidad adoptar una posición que ha de ser refrendada por el Parlamento Europeo.

He votado a favor de la posición del Parlamento sobre la Ley de Inteligencia Artificial porque considero necesario regular la inteligencia artificial y controlar los riesgos inherentes al uso de dicha tecnología, asegurando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, favoreciendo la transición digital de nuestras sociedades y dotando de seguridad el desarrollo de las IA europeas.
He apostado por una inteligencia artificial que sirva y ayude a las personas, situándolas en el centro de su desarrollo, una IA transparente, segura, justa y responsable. Hemos reforzado el ámbito de aplicación de la normativa y solicitado la aplicación de principios éticos a todos los sistemas de IA. También he apoyado la ampliación de las prohibiciones de uso de sistemas de reconocimientos biométrico en lugares públicos en tiempo real, el uso predictivo por la policía o el reconocimiento de emociones en áreas sensibles, como la educación o el control de las fronteras. Finalmente, hemos propuesto regular los sistemas como Chat GPT y cubrir los riesgos contra el medioambiente, la democracia y el Estado de Derecho.
La norma empodera a los trabajadores, que deberán ser informados y cuyos representantes sindicales deben ser consultados.

Durante décadas, la seguridad del abastecimiento alimentario en la Unión ha sido incuestionable. En la actualidad, tanto las consecuencias del cambio climático como las dificultades derivadas de la pandemia y de la invasión de Ucrania han puesto de relieve la necesidad de reforzar la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica y la resiliencia del sector agrario de la Unión.
He votado a favor de este informe que reconoce el carácter estratégico de la agricultura y analiza ampliamente los retos que afronta la seguridad alimentaria, dentro y fuera de la Unión. El informe resalta el indiscutible nexo entre agricultura y el medioambiente y la necesidad de apoyo a los agricultores para seguir avanzando en la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario; en especial, garantizando el relevo generacional, pues la digitalización, la innovación, el producir más con menos, solo serán posibles si conseguimos atraer jóvenes al sector: la mejor garantía de futuro para la seguridad alimentaria de la Unión.

Cuando una persona joven realiza prácticas está trabajando y, por tanto, debe ser tratada como tal. Sin embargo, el último eurobarómetro muestra que solo un 55 % de los becarios y becarias recibe algún tipo de compensación económica y que solo un 33 % tiene plena cobertura social.
Frente a una derecha que se abstiene y se pone de perfil a la hora de defender los derechos de los y las trabajadores jóvenes, los y las socialistas hemos votado a favor de este informe que pide una ley europea para garantizar la calidad de los periodos de prácticas y poner fin a la explotación de los becarios y becarias en la Unión.
Recogemos demandas clave, como la obligatoriedad de las empresas a suscribir contratos que establezcan condiciones de trabajo dignas, acceso a protección social, incluyendo derechos de pensión, seguro médico y vacaciones pagadas, así como el reconocimiento de los periodos de prácticas como experiencia laboral en la contratación y su duración limitada.
Los y las socialistas apostamos por oportunidades con derechos; apostamos por el empleo de calidad.

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo vota a favor de este informe porque nos acerca al fin de las diferencias salariales entre hombres y mujeres y a garantizar que mujeres y hombres reciban igual salario por igual trabajo o trabajo de igual valor.
La diferencia salarial media entre hombres y mujeres en la UE continua alrededor del 14 %, diferencia que, en el caso de los ingresos anuales se aproxima al 40 %. Dicha brecha se debe en parte a la falta de transparencia salarial, que facilita la discriminación por razón de sexo.
Socialistas y Demócratas han logrado que las empresas con más de 100 trabajadores y trabajadoras deban informar anualmente sobre la brecha salarial y tomar medidas, así como reforzar los derechos laborales a través de las fuerzas sindicales y hacer recaer la carga de la prueba en las empresas y los Estados miembros, y no sobre las trabajadoras, que hasta ahora tenían que acudir a los tribunales para demostrar la discriminación salarial.

Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este Reglamento que establece normas más estrictas para los gases fluorados, que son potentes gases de efecto invernadero que provocan hasta 25 000 veces más calentamiento global que el CO2 y representan alrededor del 2,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión.
Los socialdemócratas hemos conseguido buenas soluciones para las bombas de calor, así como para los inhaladores de dosis media. A su vez, hemos conseguido incluir la formación de los trabajadores y disposiciones contra el comercio ilegal, para establecer normas claras sobre las tiendas online. En cuanto a las bombas de calor, hemos conseguido alinear esta propuesta con la propuesta REPowerEU y nuestras ambiciones de seguridad energética. No podemos permitir el uso de PFAS en las bombas de calor ya que tendrían un potencial de calentamiento global (PCA) muy alto, por lo que hemos defendido que estas usen alternativas naturales.
El Reglamento sobre los gases fluorados no solo contribuirá a acelerar la transición hacia la neutralidad climática, sino que también limitará el riesgo de bloqueo en soluciones intermedias y ofrecerá seguridad a consumidores e inversores.
Por todo ello, los socialistas hemos respaldado el informe.

Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de este Reglamento que refuerza las disposiciones que regulan las sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias son productos químicos fabricados por el hombre que, una vez emitidos, llegan a la atmósfera superior y destruyen la capa protectora de ozono, causando el llamado agujero de ozono. Tienen importantes repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente y son gases de efecto invernadero con un elevado potencial de calentamiento global.
Los socialdemócratas hemos conseguido reforzar la propuesta de la Comisión e introducir un nivel máximo de emisiones y un calendario para la eliminación progresiva de los límites cuantitativos, así como garantizar que la Comisión actualice la lista de sustancias del Anexo I cuyo uso está permitido. Asimismo, pedimos que los Estados miembros establezcan planes de acción vinculantes para reducir el riesgo de formación de piro-cumulonimbos procedentes de incendios forestales y su impacto negativo en la estratosfera y la capa de ozono.
El ozono es una de las grandes historias de éxito de la política medioambiental y muestra cómo se pueden lograr excelentes resultados con normas vinculantes claras, que han faltado durante décadas en cuanto a ambición climática.

He votado a favor del despliegue del mecanismo CARE, y también de su tramitación por vía de urgencia, porque creo que es fundamental que los Estados miembros puedan desbloquear lo antes posible los fondos necesarios para hacer frente la llegada de refugiados ucranianos.
Nos encontramos ante una situación excepcional que requiere de soluciones sin precedentes. Por ello, la aprobación del programa CARE supone el alivio de las presiones presupuestaras, ampliando la posibilidad del 100 % de la cofinanciación para los fondos remanentes de la política de cohesión 2014-2020 en el ejercicio contable 2021-2022. Además, gracias a su ágil tramitación, los Estados miembros y sus respectivas regiones podrán utilizar los recursos de los Fondos FEDER y el Fondo Social Europeo para cualquier tipo de medida destinada a socorrer a las personas que llegan de Ucrania; también de forma retroactiva, siendo financiables todas las medidas desplegadas a partir del 24 de febrero de 2022.
El grupo socialista en el Parlamento Europeo sigue expresando su firme compromiso con la justicia social, también materializada en este Reglamento, que permitirá la financiación de proyectos relacionados con la educación, vivienda e integración de los millones ciudadanos que se espera lleguen a nuestras fronteras en los próximos meses.

Desde la Delegación Socialista Española, hemos trabajado para reafirmar nuestro compromiso de seguir prestando apoyo político, financiero, material y humanitario de forma coordinada para hacer frente a las duras consecuencias de la injustificada y brutal guerra lanzada por Putin contra Ucrania, así como apoyar la reconstrucción de una Ucrania democrática y plural. Por ello, he votado a favor de este procedimiento de urgencia para dar a los Estados miembros un acceso más rápido y más flexible al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al Fondo de Seguridad Interior.
El objetivo es hacer frente a las duras consecuencias de la guerra, prorrogando hasta la mitad de 2024 el periodo en el que se puede recurrir al Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como permitir un acceso más flexible al Fondo de Seguridad Interior del periodo 2014-2020, para asegurar las fronteras exteriores y los visados, y para prevenir y combatir el terrorismo y la radicalización. Además, los Estados miembros podrán asignar contribuciones para el periodo 2021- 2027 en la partida de ingresos afectados externos. La propuesta permite utilizar urgentemente los fondos restantes, que ascienden a 420 millones de euros, para ayudar a hacer frente al aumento del número de personas en las fronteras y en los sistemas de gestión de la migración derivado de la invasión.
Esta mayor flexibilidad para la gestión de los fondos potenciará la adopción de las medidas previstas en la Directiva del Consejo de 2001 sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal y podrá buscar sinergias con la Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE).

Desde la Delegación Socialista Española hemos solicitado la activación del artículo 163 para la tramitación por procedimiento de urgencia del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldavia sobre las actividades operativas realizadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en dicho país.
El objetivo general del acuerdo es garantizar que la Agencia Frontex pueda proporcionar apoyo operativo a las autoridades moldavas sobre el terreno. Con este acuerdo, las autoridades moldavas podrán contar con el apoyo de los equipos de gestión de fronteras de Frontex para así responder más rápidamente a los desafíos actuales. Del mismo modo, los agentes del cuerpo permanente de la Agencia podrán ayudar en las verificaciones de documentos, los procesos de registro y ayudar a las personas vulnerables.
Más de 500 000 refugiados y refugiadas han entrado en la República de Moldavia desde Ucrania tras la invasión del 24 de febrero de 2022. Las autoridades moldavas de gestión de fronteras se enfrentan ahora al doble desafío de regular la entrada y posterior salida de potencialmente cientos de miles de refugiadas y refugiados, incluida la vigilancia del contrabando de armas. Además, un 12 % del territorio del país no está bajo el control de las autoridades, incluida una gran parte de la frontera con Ucrania.
En vista de ello, es indiscutible que la Unión Europea también debería apoyar a las autoridades moldavas para poder responder a los desafíos actuales y ayudar a las personas que huyen de las zonas de guerra mientras dure esta situación. Al mismo tiempo, que también debemos asegurarnos de que en Moldavia se cumpla el mismo nivel de protección y salvaguardias contra las violaciones de los derechos fundamentales que en la UE.