Hacia un tratado internacional vinculante sobre las empresas y los derechos humanos

11-07-2017

Gracias a sus cadenas de valor ampliadas, la globalización económica ha proporcionado muchas oportunidades, aunque también ha creado retos específicos, inclusive en el ámbito de la protección de los derechos humanos. En la historia reciente de las empresas transnacionales encontramos numerosos ejemplos de violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar debido a sus actividades. Ya se sabe que dichas empresas se han aprovechado de los marcos reglamentarios flexibles de los países en desarrollo, la corrupción o la falta de rendición de cuentas debida a las normas jurídicas que blindan los intereses empresariales. Esta situación ha generado una imperiosa necesidad de establecer normas internacionales que regulen las actividades de las empresas por lo que respecta a los derechos humanos. Hasta ahora, el enfoque preferido ha sido «indicativo» y ha consistido en adoptar directrices voluntarias para las empresas. Existen varios conjuntos de normas de este tipo a nivel internacional y el más importante son los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de que es evidente que estos compromisos voluntarios resultan útiles, no pueden detener por completo las flagrantes violaciones de los derechos humanos (como el trabajo infantil, las violaciones de los derechos de los trabajadores y el acaparamiento de tierras) cometidas por las empresas transnacionales, sus filiales o sus proveedores. Con el fin de solucionar las deficiencias del enfoque indicativo, en junio de 2014 se estableció un grupo de trabajo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas, al que se asignó la tarea de elaborar un tratado vinculante sobre los derechos humanos y las empresas. Aunque al principio se mostró reticente, la Unión ha participado en las negociaciones, pero ha insistido en que el alcance del futuro tratado debe incluir a todas las empresas, no solo a las transnacionales. El Parlamento Europeo es un firme defensor de esta iniciativa y ha alentado a la Unión a adoptar un enfoque positivo y constructivo.

Gracias a sus cadenas de valor ampliadas, la globalización económica ha proporcionado muchas oportunidades, aunque también ha creado retos específicos, inclusive en el ámbito de la protección de los derechos humanos. En la historia reciente de las empresas transnacionales encontramos numerosos ejemplos de violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar debido a sus actividades. Ya se sabe que dichas empresas se han aprovechado de los marcos reglamentarios flexibles de los países en desarrollo, la corrupción o la falta de rendición de cuentas debida a las normas jurídicas que blindan los intereses empresariales. Esta situación ha generado una imperiosa necesidad de establecer normas internacionales que regulen las actividades de las empresas por lo que respecta a los derechos humanos. Hasta ahora, el enfoque preferido ha sido «indicativo» y ha consistido en adoptar directrices voluntarias para las empresas. Existen varios conjuntos de normas de este tipo a nivel internacional y el más importante son los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de que es evidente que estos compromisos voluntarios resultan útiles, no pueden detener por completo las flagrantes violaciones de los derechos humanos (como el trabajo infantil, las violaciones de los derechos de los trabajadores y el acaparamiento de tierras) cometidas por las empresas transnacionales, sus filiales o sus proveedores. Con el fin de solucionar las deficiencias del enfoque indicativo, en junio de 2014 se estableció un grupo de trabajo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas, al que se asignó la tarea de elaborar un tratado vinculante sobre los derechos humanos y las empresas. Aunque al principio se mostró reticente, la Unión ha participado en las negociaciones, pero ha insistido en que el alcance del futuro tratado debe incluir a todas las empresas, no solo a las transnacionales. El Parlamento Europeo es un firme defensor de esta iniciativa y ha alentado a la Unión a adoptar un enfoque positivo y constructivo.