Written explanations of vote Susana SOLÍS PÉREZ

Compartimos el principal objetivo de las recomendaciones del informe de la Comisión ANIT sobre el transporte animal. Como sociedad, está en el interés común de los agricultores, consumidores y cadena de suministro que avancemos en la mejora del bienestar animal.
Sin embargo, el texto final no es equilibrado en algunas de sus disposiciones, por lo que, desde la delegación de Ciudadanos, hemos votado en contra del informe. Concretamente, la limitación de trayectos máximos de 8 horas no solo amenaza la ganadería en zonas rurales de países con gran extensión territorial como España, sino que obligaría a subir y bajar a los animales de los camiones con mayor frecuencia, generando un estrés adicional en ellos.
En lo relativo a limitar el transporte de los animales no destetados, defendemos que existen garantías para transportarlos eficientemente y que las medidas pondrían en peligro a sectores vitales en numerosas regiones españolas como en Castilla y León (i.e. cordero lechal, cabrito o lechón).
Por último, el rango de temperaturas exigidas para el transporte (5-30 grados) es injusto con el sur europeo porque no tiene en cuenta su climatología. Los límites fijados harían inviable el transporte durante muchos meses del año, creando un agravio comparativo para países mediterráneos.

Hemos votado a favor de este informe de propia iniciativa que examina los riesgos que corren las mujeres que son víctimas de la violencia de género debido a los acuerdos de custodia compartida.
El citado informe nos parece que tiene una gran importancia para proseguir con la capacitación de personal y en su especialización para proteger a las mujeres y a los niños durante la separación y procedimientos de custodia. Además, creemos que hay que seguir promoviendo campañas de sensibilización en toda la UE para prevenir la violencia doméstica. De igual forma, pensamos que hay que poner un necesario hincapié en la escucha del niño para establecer cuáles son sus verdaderos intereses al examinar los casos de custodia, especialmente si se sospecha que se ejerce violencia contra el menor. Por todo ello, apoyamos el fondo del texto.
Sin embargo, en relación al punto 14 del texto queremos expresar nuestras reservas. Consideramos que para que se establezcan unos derechos especiales de víctimas de violencia de género tiene que ser un juez el que lo haga y que no pueden ser los servicios sociales u otra parte de la administración pública los que lo establezcan de forma unilateral para temas como custodia, derechos laborales o de otra índole social de los que puedan beneficiarse las víctimas de violencia de género. La clave está en la denuncia, que es lo que el artículo 14 quiere convertir en innecesaria, pues si la hubiera ―y aunque no hubiese sentencia― se podrían dictar medidas cautelares. La administración de justicia es el máximo y único garante de la igualdad ante la ley, y de la protección de las víctimas.

Nos hemos abstenido en la votación del informe anual sobre la aplicación de la política comercial común en 2018, como consecuencia de la enmienda número 36 que se aprobó parcialmente con el apoyo de los votos de la extrema de derecha de la Cámara. Esta enmienda no recae sobre el ámbito de estudio de este informe, sino que pide en definitiva que el Acuerdo de Asociación no se ratifique, si bien el texto definitivo del Acuerdo ha sido presentado para empezar el proceso de estudio en sede parlamentaria. Por esta razón, no podemos apoyar el informe tal y como ha sido enmendado, desvirtuando el objetivo.
Con todo ello, el informe —en su versión votada en fase de Comisión INTA— contiene numerosos aspectos positivos, notablemente en cuanto a la igualdad de género en política comercial, la diligencia debida y la reciprocidad de los operadores económicos europeos y de terceros países, o medidas específicas dedicadas a apoyar las pymes en su externalización. De manera muy destacada, se equipara la protección del sector de la aceituna a la que recibe el acero y el aluminio alemán frente a los aranceles que la Administración Trump impuso en 2017, algo que se ha conseguido gracias a las enmiendas presentadas por diputados de Ciudadanos.

La posición de la Delegación de Ciudadanos del Parlamento, argumentada en los debates, no se ve recogida en las enmiendas relacionadas con la energía nuclear (enmienda 38). Consideramos que las centrales nucleares actualmente existentes, juegan un papel importante a corto plazo, por su aportación al mix energético y por proveer seguridad de suministro e independencia energética. Por otro lado, creemos necesaria su progresiva sustitución, una vez acabada su vida útil, por alternativas que ya son competitivas en el mercado, como son las energías renovables. Ciudadanos apuesta por la innovación e investigación de alternativas bajas en emisiones y que no provengan de energías fósiles. En este sentido, el desarrollo e instalación de las baterías es fundamental para el almacenamiento de energía limpia. La UE debe seguir trabajando para dar garantías de suministro, en las más altas condiciones de seguridad, apostando siempre por la innovación y las energías limpias para así alcanzar nuestros objetivos de descarbonización a largo plazo.

He respaldo la autorización de la Comisión a la autorización del trióxido solicitado por cinco pymes europeas. El proceso de autorización bajo el Reglamento REACH es largo complejo y garantista. En este caso ha durado cuatro años. Es necesario demostrar por parte del solicitante que no existe un producto alternativo, disponible y viable en el mercado, que pueda sustituir a la sustancia objeto de autorización, en este caso el trióxido de cromo. Este extremo ha sido certificado por la Comisión y por el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. La autorización se da para un periodo de cuatro años estableciendo garantías específicas para que solo pueda ser utilizado para el uso concreto que se autoriza, con la necesidad de implementar una metodología de medición de exposición y riesgo por parte de los trabajadores. Actualmente existen otras empresas europeas que tienen autorización para este mismo producto por un periodo más largo: doce años. Si los esfuerzos de innovación e investigación dan fruto para que haya un producto alternativo al trióxido de cromo no-tóxico en el mercado, no se renovará la autorización.