8. parlamentarni saziv María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

. – En nuestro espíritu de mantener la propuesta de Resolución común, fruto del consenso entre los grupos políticos, votamos en contra de las enmiendas propuestas por el Grupo S&D considerando que:
- son inicialmente inadmisibles, además de incongruentes con las propias decisiones del Grupo S&D, que parece desconocer lo que ya reconoció el pasado 4 de febrero de 2019, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De forma mantenida y continua, las enmiendas socialistas, se refieren al Gobierno de facto como «Gobierno de Venezuela» y, al legitimo Gobierno, lo denomina «oposición».
- las enmiendas 1 y 2 son sustancialmente iguales y están perfectamente cubiertas por nuestro apartado 8, en el que insistimos que la única solución a esta crisis debe de ser pacífica;
- las enmiendas 3, 4, 5, 6 y 7 están perfectamente recogidas en los apartados 13 (pidiendo que el Grupo de Contacto Internacional colabore con el Grupo de Lima), 15 (multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas) y en el considerando C (rechazo de la ayuda humanitaria por el régimen de Nicolás Maduro).

Las personas intersexuales, nacidas con una mezcla considerada ambigua de rasgos anatómicos femeninos y masculinos, según estimaciones podrían llegar a constituir hasta el 1,5 % de la población.
Saludamos la protección de los derechos de las personas intersexuales, en particular el derecho de los niños y sus padres y tutores a recibir información adecuada sobre las consecuencias de cualquier cirugía «normalizadora» de su sexo.
Entendemos también que las recomendaciones de esta propuesta de Resolución acerca de «despatologizar» o «desmedicalizar» la intersexualidad no se aplicarán a patologías o anomalías claramente definidas por la comunidad médica y que pueden requerir intervenciones de probada eficacia.

La marihuana aún es considerada como una sustancia peligrosa y sin valor médico por los organismos internacionales y nacionales competentes. Sus efectos adversos en la salud son conocidos y cuantiosos, y la evidencia sobre sus supuestos beneficios terapéuticos aún es escasa.
Por otra parte, las experiencias parciales de legalización no arrojan resultados positivos unánimes para la salud pública. Según estudios, la legalización del cannabis perjudica el rendimiento escolar, no reduce los accidentes de tráfico, ni los crímenes violentos o contra la propiedad.
En cuanto a su uso médico, si bien la Resolución se cuida de distinguirla de su uso «recreativo», en la práctica hay evidencia de que no están separados. Un estudio reciente basado en Estados Unidos, por ejemplo, nota que «más de la mitad de los usuarios de cannabis médico utiliza el cannabis para uso recreativo, una proporción de uso indebido mucho más alto al observado en otras prescripciones médicas».
Los efectos adversos del consumo marihuana sobre la salud, las consecuencias de su legalización en la salud pública, la falta de evidencia sobre su uso terapéutico o la asociación de facto entre consumo «médico» y «recreativo», en conjunto inclinan a extremar el principio de precaución.

El informe recoge algunas ideas falsas, como por ejemplo sobre la supuesta mala aplicación del principio de precaución, y busca dificultar gratuitamente la aprobación del uso de pesticidas e insecticidas. Se lanzan sospechas totalmente injustificadas respecto a la objetividad y profesionalidad de los científicos involucrados en la elaboración de los informes. En el texto queda reflejada la quimiofobia (que está tan extendida entre la población) que aspira al absurdo de un mundo sin productos químicos, y que ignora su contribución fundamental a nuestro bienestar. Hay además dos aspectos muy problemáticos que impulsaron este informe: en primer lugar, una iniciativa popular contra el glifosato que ha usurpado el papel de la autoridad científica respecto a la decisión que hay que tomar sobre esta sustancia. Y, en segundo lugar, que se le haya dado una importancia tan desproporcionada a un escándalo periodístico sin ninguna trascendencia científica como son los llamados «papeles de Monsanto». Son injerencias externas sobre cuestiones muy técnicas y especializadas, que jamás deberían haber tenido ninguna influencia en la preparación de un informe de estas características.

La igualdad de género, y en particular la lucha contra todo tipo de discriminación o de violencia ejercida contra las mujeres, son valores claramente establecidos en nuestros Tratados y que defendemos sin desfallecer. La defensa de la igualdad de género, sin embargo, debe ser refrescada con datos nuevos y una visión más inclusiva, contando progresivamente con hombres y chicos.
Por ejemplo, disponemos ya de datos suficientes que apuntan a que la «brecha de género» en medidas tan significativas como expectativa de vida saludable, oportunidades educativas en la infancia y satisfacción general de vida, de hecho desfavorece a los hombres y los chicos en los países desarrollados, en comparación a los no desarrollados, en los que sí salen desfavorecidas mujeres y niñas.
En cuanto a ámbitos como violencia de género y doméstica o acoso sexual, cabe recordar que la victimización masculina no es trivial, y que varios estudios e informes internacionales, a cargo por ejemplo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones de derechos humanos, vienen alertando reiteradamente sobre una subestimación sistemática de las víctimas masculinas, incluyendo menores. Consideramos urgente ampliar el círculo de la empatía y la solidaridad, incluyéndolos.
Lamento que esta evidencia no haya sido considerada en el informe.

Aunque se trata de un producto muy peligroso y tóxico, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha concluido que la industria emplea este producto en concentraciones muy diluidas, y los trabajadores pueden sufrir una exposición que no entraña ningún peligro. No parece que existan razones objetivas para impedir su uso.

El respeto por los derechos de las personas pertenecientes a las minorías es un valor europeo consolidado en los Tratados.
Por otra parte, de la propia redacción del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea se desprende claramente que este derecho se centra en la preservación de los derechos individuales antes que los colectivos.
Las políticas europeas deben buscar un equilibrio entre los derechos individuales y los de los grupos minoritarios, facilitando la incorporación de estos dentro de un marco europeo cultural, legal y moral común. Solo este marco compartido, no suficientemente subrayado en la propuesta de Resolución, es garantía de unidad y convivencia frente a tentaciones de división o autoexclusión de algunos grupos minoritarios, a menudo explotadas por grupos extremistas y que, en el peor de los casos, pueden conducir a tiranías de la minoría que socavan los derechos personales.

Considero que es un grave precedente que se determine si un producto como el glifosato entraña algún peligro para la salud, refiriéndose a una recogida de firmas en vez de prestar atención a los informes científicos. La verdad o falsedad, respecto a esta cuestión, no es opinable. Del mismo modo que me parece erróneo exigir a la Comisión que siga estrictamente la normativa sobre los fitosanitarios, sin atender a cada circunstancia y cuando esto puede suponer un perjuicio para el sector agroalimentario.

While I agree with many parts of this report, that underlie the role of ‘language technology’ for the deaf and hard of hearing, the blind and visually impaired, I think that the Evans report could be misleading on the regional and minority languages.
In particular, with the positive aim of preserving the cultural heritage of language communities, it depicts a situation of discrimination for co-official and regional languages, which is actually inexistent in many Member States, such as Spain, where co-official languages have even more rights than the official language.

. – La normativa propuesta introduce mejoras en favor de los artistas, ejecutantes, periodistas y creadores de contenido. El Parlamento Europeo apoya la necesidad de proteger a los autores, a los periodistas y a todos los creadores de contenido en la era digital, para que puedan disfrutar de una remuneración justa y acorde con el uso que se les da a sus obras en las redes. Asimismo, consideramos que los usuarios de Internet tienen que seguir disfrutando de la libertad de expresión como vienen haciendo hasta ahora, sin perjuicio de los intereses legítimos de los autores a una remuneración justa por el uso de sus obras. Por ello, entendemos que hay ofrecer una visión equilibrada entre la libertad de expresión y la explotación legítima de los derechos de autor. Es necesario profundizar en este debate y buscar ese equilibrio entre la defensa de los derechos de autor, los usuarios y otros posibles impactos que pueda tener la Directiva en la competitividad y la innovación.

. ‒ EU external relations should be guided by respect for fundamental rights, including women’s rights. That also includes respect for child rights, whose 1989 Convention bans discrimination on grounds of sex. I should like to emphasise that some of the main factors that the Resolution considers discriminatory against women and girls, sexual violence and sexual mutilation in particular, also impact men and boys in a far from trivial way, as many scientific studies and medical association reports consistently show. Various studies suggest that men and boys experience all kinds of violence, including sexual violence in conflict situations. In some cases, like the ‘bacha bazi’ in Afghanistan, boys could be even more victimised than girls.
I welcome the call to recollect ‘robust evidence’ on violence and gender equality, but I regret that the Resolution failed to take adequate account of the underestimation of ‘robust evidence’ precisely about violence against men and boys – a well known fact reported in studies by UNICEF or the UN Refugee Agency.
I think that the exclusion of boys is unfounded, particularly in sensitive areas that affect their fundamental rights. The appreciation of men’s and boys’ rights from the perspective of EU external relations in no way should be seen as detrimental to women’s rights.

Durante los últimos años han quedado a la vista las limitaciones del presupuesto de la UE y en concreto del modelo del MFP, tanto en lo que se refiere a su capacidad financiera como su marco institucional, que no ha permitido una actuación más proactiva y flexible ante los diferentes desafíos. Por ello la presentación por parte de la Comisión de su propuesta sobre la orientación del MFP para el periodo posterior a 2020 había despertado unas elevadas expectativas. Sin embargo, el documento se manifiesta insuficiente, poco ambicioso y lejos de la necesaria adaptación de los mecanismos e instrumentos de la UE para dar respuesta a las necesidades, desafíos y retos que tiene tanto ante los ciudadanos europeos como ante los retos globales.
El grupo de C’s Europa se ha abstenido en la votación del informe del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 por considerar que este no corrige suficientemente la poca ambición del documento presentado por la Comisión, ni sirve como instrumento para recuperar la confianza de una buena parte de los ciudadanos europeos en sus instituciones.

Europe’s declining demography represents a real problem. The EC’s ‘white paper on the future of Europe’ recognise that the Union’s place in the world is ‘shrinking’, partly as a result of this secular trend.
This problem has two dimensions: global and regional. It is estimated that by 2060 Europe will account for less than 5% of the global population. This will have major political and economic implications. But within Europe it’s true that some regions are more affected than others, and in this light, I believe it is justified to use specific cohesion policy instruments.
Solutions for this problem are not easy to find, and we urgently need to have a sensible and open, fact-based discussion.

La política penitenciaria de dispersión de presos en España nace como respuesta a la lucha contra el terrorismo de ETA. Es una herramienta fundamental del Estado para destruir los nexos de la banda y evitar la concentración de sus miembros en una misma prisión facilitando así su reinserción. A pesar de dicha dispersión, los miembros de la banda terrorista siguen beneficiándose de los derechos básicos de los internos y reciben numerosas visitas y contactos telefónicos de sus allegados. El Consejo de Europa no ha opuesto objeciones a esta política y el propio TEDH ha desestimado numerosas demandas de presos de ETA, considerando que dicha dispersión no ha producido ninguna injerencia en el derecho al respeto de su vida familiar. En todo caso, la dispersión no es irreversible; aquellos que opten por la vía de la reinserción cumpliendo con los requisitos legales (como romper los vínculos con la banda terrorista ETA y colaborar con la justicia) pueden pedir el acercamiento, y así se ha procedido. La modificación de la política penitenciaria no puede llevarse a cabo hasta que no se produzca la disolución definitiva de la banda. Por ello he votado en contra del presente informe que condena a aquellos Estados miembros que presentan esta política penitenciaria en sus sistemas.

He votado a favor de la enmienda que pide que la UE imponga sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La situación a la que se ha llegado en este país latinoamericano es de extrema gravedad: no solo no se respetan las libertades básicas de los ciudadanos venezolanos, sino que se ataca incluso a la independencia judicial. Recientemente, han destituido a la fiscal general por atreverse a cuestionar la legalidad de una Asamblea Constituyente creada por el propio Gobierno chavista de Nicolás Maduro para usurpar los poderes legítimos de la Asamblea Nacional. Europa debe tomar medidas más contundentes frente a estos nuevos acontecimientos, sobre todo tras el anuncio del alto comisionado de las Naciones Unidas de la intención de iniciar una investigación internacional sobre la posibilidad de que se hubieran cometido «crímenes contra la humanidad» por parte de las autoridades venezolanas.

«Obsolescencia programada» es un término equívoco y erróneo: o bien se confunde con la noción de vida útil, o bien se usa para atacar indirectamente a la libre competencia.
Los aparatos tienen una vida útil que depende de sus componentes electrónicos, eléctricos o mecánicos. En aparatos más pequeños y rápidos, el desgaste suele ser mayor, de modo que inevitablemente su vida útil disminuye. En segundo lugar, la libre competencia facilita que los fabricantes innoven y saquen al mercado nuevos y mejores productos. Esto no convierte en obsoletos los dispositivos anteriores, solo significa que se ofertan mejores productos.
La noción de obsolescencia programada habría de aplicarse únicamente cuando un fabricante produce intencionalmente un dispositivo con el fin de que se estropee antes de lo que cabría esperar. Pero entonces se trata de una estafa ya recogida en el Código Penal.
Mientras tanto, con la noción de obsolescencia programada lo único que se consigue es confundir y extender un manto conspirativo sobre todas las empresas fabricantes.

Deseo subrayar que comparto la necesidad de señalar y resolver toda discriminación basada en el género que afecte al ámbito de la salud, y también que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres justifican que los ensayos clínicos relacionados con investigaciones biomédicas tengan más en cuenta las diferencias de sexo, y en particular las diferencias específicas de las mujeres, con el objetivo de obtener mejores tratamientos. El informe, sin embargo, presenta algunas deficiencias.
En primer lugar, no refleja suficientemente la discriminación y la desigualdad de género en el ámbito de la salud que afecta a los hombres y a los niños. Problemas relacionados con la salud mental específicamente graves para los hombres, como el riesgo de suicidios en la población masculina, la prevalencia de patologías psiquiátricas en la población reclusa o la mutilación sexual masculina, precisarían una atención más proactiva y estrategias mejor definidas por parte de los responsables políticos y los sistemas sanitarios.
En segundo lugar, entiendo que el marco que pretende explicar estas mismas desigualdades de género está en ocasiones más guiado por la ideología, culpando a los «estereotipos de género» o a la «masculinidad», que por la evidencia científica realmente determinante en los problemas de salud.