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Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
15/05/2020

El PE pide 2 billones de euros para hacer frente a la crisis del COVID-19

La UE debe poner en marcha un ambicioso paquete de recuperación, en el marco del nuevo presupuesto comunitario, para consolidar la economía y responder a las necesidades ciudadanas.

  • El fondo de recuperación debe sumarse al presupuesto a largo plazo, no servir de argumento para reducirlo.
  • Advertencia a la Comisión: nada de “ingeniería financiera” o cifras engañosas.
  • El grueso de los fondos deberán ser subvenciones.

En una resolución aprobada con 505 votos a favor, 119 en contra y 69 abstenciones, el Parlamento recalca que “los ciudadanos europeos deben ocupar una posición central en la estrategia de recuperación” y asegura que se mantendrá firme en su defensa de los intereses de la gente. Los eurodiputados consideran que el esfuerzo de recuperación debe tener una “fuerte dimensión social”, para atajar las desigualdades sociales y económicas y responder a las necesidades de los más golpeados por la crisis.

La Cámara insiste en que el nuevo “Fondo de Recuperación y Transformación” debe alcanzar un volumen de dos billones de euros, financiados a “través de la emisión de bonos a largo plazo para la recuperación garantizados por el presupuesto de la Unión”. El dinero deberá desembolsarse “mediante préstamos y, sobre todo, subvenciones, pagos directos para inversiones y capital”.

Los eurodiputados advierten a la Comisión contra la utilización de “ingeniería financiera” y “multiplicadores dudosos para anunciar cifras ambiciosas”, para no poner en riesgo la credibilidad de la UE.

Las inversiones para la recuperación deben añadirse a los programas financiados por el MFP

El plan de recuperación debe sumarse al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto de la UE a largo plazo, y en ningún caso conllevar una dotación presupuestaria más reducida, recalca la resolución. Los eurodiputados subrayan que el MFP para 2021-2027 debe incrementarse y dejan claro que, de lo contrario, utilizarán su poder de veto.

El dinero para la recuperación deberá canalizarse “a programas dentro del presupuesto de la Unión”, para garantizar la supervisión y participación del Parlamento. La Cámara debe “participar en la configuración, la adopción y la aplicación del fondo de recuperación”. Los eurodiputados piden a la Comisión que evite “cualquier intento de diseñar una estrategia de recuperación europea fuera del método comunitario y que recurra a medios intergubernamentales”.

El plan debe centrarse en las prioridades del Pacto Verde y la agenda digital

El “plan de recuperación a gran escala” que los eurodiputados ya pidieron en la resolución adoptada el 17 de abril, debe alargarse lo suficiente para hacer frente al “impacto profundo y duradero esperado de la crisis actual”, agrega el texto. Debe transformar nuestras economías mediante el apoyo a las pymes y el aumento de las “oportunidades de empleo y las capacidades laborales para mitigar el impacto de la crisis sobre los trabajadores, los consumidores y las familias”.

El PE pide priorizar inversiones en línea con el Pacto Verde y la agenda digital e insiste en demandar un nuevo programa autónomo europeo de salud.

La reforma de los ingresos, esencial

Los eurodiputados piden de nuevo la introducción de una cesta de nuevos recursos propios, para evitar un nuevo incremento de las contribuciones directas de los Estados miembros al presupuesto como única manera de garantizar una dotación adecuada del Marco Financiero y el Plan de Recuperación y Transformación. Como el límite de ingresos se fija en relación a la Renta Nacional Bruta, que previsiblemente se reducirá tras la crisis, reclaman “un aumento inmediato y permanente del límite máximo de recursos propios”.

Contexto

La Comisión planea presentar una revisión de su propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual, así como un plan de recuperación, para hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID-19.

El actual presupuesto expira el 31 de diciembre de 2020. La Comisión presentó su propuesta inicial para 2021-2027 en mayo de 2018. El Parlamento fijó posición en noviembre de 2018 y la confirmó en octubre de 2019, tras las elecciones europeas. El Consejo aún no ha sido capaz de adoptar una posición común.