Registro de transparencia de la UE

Las numerosas actividades de defensa de intereses ante las instituciones de la UE han suscitado críticas en cuanto a la transparencia y la responsabilidad en el proceso decisorio de la UE. En respuesta a estas inquietudes, el Parlamento creó un registro de transparencia en 1995, y la Comisión en 2008. Las dos instituciones fusionaron ambos instrumentos en 2011 en un registro europeo de transparencia (RT), en base a un Acuerdo Interinstitucional. Por ahora, el Consejo se limita a observar el sistema. El RT es un sistema de registro voluntario para aquellas entidades que pretenden influir de manera directa o indirecta en el proceso decisorio de la UE. Con unas 1 000 organizaciones añadidas cada año, incluye actualmente más de 7 000. Aunque resulta difícil realizar estimaciones sobre la cobertura real del registro, un estudio académico reciente (2013) estima que el RT abarca entre el 60 % y el 75 % de las organizaciones de defensa de intereses activas a nivel de la UE. Como previsto en el Acuerdo Interinstitucional, se realizó una revisión política del sistema en 2013-2014, a raíz de la cual un nuevo sistema de registro perfeccionado entrará en vigor en enero de 2015. El Parlamento lleva solicitando desde 2008 que el registro de grupos de presión activos en las instituciones de la UE sea obligatorio, argumentando que sólo así se garantizaría el pleno respeto del código de conducta por parte de los grupos de presión. El tema ha adquirido cada vez mayor importancia, sobre todo desde que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, lo incluyó en la agenda política, y se comprometió a presentar una propuesta de sistema obligatorio para 2016, tal como lo solicita el Parlamento. Además, desde el 1 de diciembre de 2014, la Comisión publica información acerca de las reuniones que los comisarios, los miembros de sus gabinetes y los directores generales mantienen con grupos de presión. Las leyes que rigen los grupos de presión varían según los Estados miembros. Sólo Lituania, Polonia, Eslovenia, Austria y Reino Unido tienen sistemas de registro obligatorio. El Parlamento irlandés prepara actualmente una legislación sobre dicho régimen. En Alemania, Francia y Países Bajos, existen sistemas de registro voluntario.