El turismo y la economia participativa

23-01-2017

Son empresas como los hoteles, los taxis y los operadores turísticos las que tradicionalmente han prestado servicios turísticos. En los últimos tiempos es cada vez mayor el número de personas que ofrecen a los turistas compartir temporalmente con ellos lo que tienen (por ejemplo, su casa o su coche) o lo que hacen (por ejemplo, comidas o excursiones). Este tipo de actividad compartida se conoce como «economía participativa». La economía participativa no se limita al turismo y puede encontrarse en muchos ámbitos de la actividad social y económica, aunque el turismo ha sido uno de los sectores más afectados. El intercambio de bienes y servicios entre individuos no es algo novedoso. Sin embargo, el desarrollo de internet y la consecuente creación de plataformas en línea han facilitado que dicho intercambio sea más fácil que nunca. Durante la pasada década, han aparecido en el mercado numerosas empresas que gestionan este tipo de plataformas. Un ejemplo de ello es Airbnb, una plataforma en la que se puede reservar alojamiento. La economía participativa ha tenido efectos tanto positivos como negativos en el turismo. Sus defensores opinan que proporciona un fácil acceso a una amplia gama de servicios que son a menudo de mayor calidad y más asequibles que los prestados por las empresas tradicionales del sector. Por su parte, sus detractores sostienen que la economía participativa fomenta la competencia desleal, reduce la seguridad del empleo, elude impuestos y constituye una amenaza para la seguridad, la salud y el cumplimiento de las normas relativas a la discapacidad. En la Unión, las posturas ante la economía participativa siguen divididas. Algunos aspectos y actividades se han regulado a escala nacional, regional o local. En junio de 2016, la Comisión Europea publicó su Comunicación sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa con el fin de ofrecer algunas aclaraciones sobre las normas pertinentes de la Unión y de proporcionar orientación política a las autoridades públicas. El Parlamento Europeo y los comités consultivos también han abordado esta cuestión en diversas resoluciones y opiniones. Esta es una versión actualizada de un briefing de septiembre de 2015.

Son empresas como los hoteles, los taxis y los operadores turísticos las que tradicionalmente han prestado servicios turísticos. En los últimos tiempos es cada vez mayor el número de personas que ofrecen a los turistas compartir temporalmente con ellos lo que tienen (por ejemplo, su casa o su coche) o lo que hacen (por ejemplo, comidas o excursiones). Este tipo de actividad compartida se conoce como «economía participativa». La economía participativa no se limita al turismo y puede encontrarse en muchos ámbitos de la actividad social y económica, aunque el turismo ha sido uno de los sectores más afectados. El intercambio de bienes y servicios entre individuos no es algo novedoso. Sin embargo, el desarrollo de internet y la consecuente creación de plataformas en línea han facilitado que dicho intercambio sea más fácil que nunca. Durante la pasada década, han aparecido en el mercado numerosas empresas que gestionan este tipo de plataformas. Un ejemplo de ello es Airbnb, una plataforma en la que se puede reservar alojamiento. La economía participativa ha tenido efectos tanto positivos como negativos en el turismo. Sus defensores opinan que proporciona un fácil acceso a una amplia gama de servicios que son a menudo de mayor calidad y más asequibles que los prestados por las empresas tradicionales del sector. Por su parte, sus detractores sostienen que la economía participativa fomenta la competencia desleal, reduce la seguridad del empleo, elude impuestos y constituye una amenaza para la seguridad, la salud y el cumplimiento de las normas relativas a la discapacidad. En la Unión, las posturas ante la economía participativa siguen divididas. Algunos aspectos y actividades se han regulado a escala nacional, regional o local. En junio de 2016, la Comisión Europea publicó su Comunicación sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa con el fin de ofrecer algunas aclaraciones sobre las normas pertinentes de la Unión y de proporcionar orientación política a las autoridades públicas. El Parlamento Europeo y los comités consultivos también han abordado esta cuestión en diversas resoluciones y opiniones. Esta es una versión actualizada de un briefing de septiembre de 2015.